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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por los presuntos actos de corrupción en los blindajes de vehículos destinados a líderes sociales y defensores de derechos humanos, en diferentes regiones del país.
El ente de control ordenó una inspección disciplinaria en las oficinas de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de recibir información, recolectar los procesos contractuales de los blindajes de vehículos denunciados, esclarecer los hechos y obtener la documentación relacionada con las presuntas irregularidades, así como las demás pruebas que sean necesarias para la individualización de los presuntos autores de estos hechos.
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La Procuraduría solicitó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, un informe detallado con los registros de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos irregulares.
Cabe resaltar que estas denuncias se dieron a conocer a principios del mes de diciembre, cuando el director de la entidad, Augusto Rodríguez, hizo la denuncia sobre la supuesta “olla podrida” al interior de la UNP, asegurando que los vehículos, que deben contar con un blindaje para la protección de las personalidades, no tenia la condiciones óptimas para prestar seguridad a los líderes y defensores.
Además, señaló que los vehículos tienen problemas de funcionamiento, pues denunció qué hay camionetas que, aparentemente, están en perfectas condiciones, pero que, mecánicamente tienen problemas, calificando esta situación como “preocupante”, pues reconoció que el número de personas que requieren protección ha aumentado.
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El director también aseguró que estos actos de corrupción significan pérdida de recursos del estado, pues al menos el 70% del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, es decir, cerca de 1,1 billones de pesos, son destinados al arrendamiento de vehículos que estén en tengan las adecuaciones de blindaje para proteger a los funcionarios y líderes a quienes han sido asignadas camionetas blindadas para su protección.
Por estos hechos, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales asumirá la indagación a la entidad de protección para esclarecer los hechos que fueron señalados en el Congreso de la República.
