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El director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó a RCN Radio que una de las estrategias que se establecería en la propuesta de anticorrupción para los 128 centros carcelarios de Colombia, sería la posibilidad de legalizar el uso de celulares al interior de algunos de esos establecimientos.
El oficial indicó que "sería un plan piloto para controlar el uso de móviles, ya que el ingreso de elementos prohibidos como estos ha sido una de la problemática más frecuente a lo largo de los años. Además, podría ser una idea que generaría cambio en torno a la eliminación de extorsiones y corrupción dentro de los penales”.
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Cabe mencionar que recientemente se han establecido diferentes reuniones con los ministerios de Justicia y de las TIC para resolver esa problemática, en las que se han debatido los impactos positivos o negativos que acarrearía regular el uso de aparatos móviles de manera abierta para las personas privadas de la libertad (PPL).
“Son iniciativas que estamos trabajando y las cuales están aterrizadas en termino jurídicos, seguridad ciudadana y humana y resocialización, pero hay que revisar todos esos ítems para determinar si es viales. Esto nace a través de todo lo que se ha presentado durante años y que no ha funcionado como los inhibidores, la restricción y demás”, explicó el funcionario.
El Inpec explicó que dentro de la estrategia se destaca poder identificar con quién se comunica el interno, además de humanizar sus condiciones de vida, permitiendo que haya un puente entre el detenido y su familia y amigos.
En ese sentido, el uso de los celulares estará condicionado por un cronograma y un registro constante de dicho servicio. Además, estos beneficios solo serían implementados en cárceles que certifiquen niveles muy bajos de extorsiones.
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El coronel Gutiérrez aclaró que esa propuesta se estudiará a largo plazo y se aplicaría bajo un modelo de "call center", al tiempo que agregó que el objetivo primordial es reducir la extorsión en los penales del país.
"Tendremos mesas de trabajo con todos los actores que estén a favor y en contra, no para debatir sino para ajustar ideas y proponer herramientas útiles que mejoren las condiciones de vida de los internos de forma correcta y justa. Lo planteado seguramente tendrá que ser aprobado por el Gobierno y Congreso”, concluyó.
