La FM en Google News
La Fiscalía judicializó a cuatro funcionarios públicos, entre quienes se encuentran tres integrantes de ese organismo y un servidor de un juzgado de Neiva, ante el presunto asesoramiento ilegal y otros delitos. Los judicializados quedaron con medida de aseguramiento intramuros.
Con la investigación, llevada a cabo entre los años 2020 a 2022, la Fiscalía judicializó y logró medida de aseguramiento intramuros para cuatro servidores públicos, tres de ellos pertenecientes a esta misma institución. También fue procesado un funcionario de un juzgado ubicado en Neiva, en el departamento del Huila.
Lea aquí: Alias 'Manolo' fue hallado sin vida en la cárcel de Valledupar
El director seccional Huila, Dayro Fernando Herrera Iglesias, indicó que -al parecer- "los procesados aprovecharon sus funciones para brindar asesoramiento ilegal; el mismo por el que habrían exigido el pago de distintas sumas de dinero, como contraprestación, asimismo, otro de los investigados sería responsable de comercializar municiones".
Como Héctor Carvajal Ramos, Emir Quintero Tello y Nunil Javier Rojas Velásquez fueron identificados los sujetos adscritos al Grupo de Seguridad a Infraestructura y Personas de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación. Y Germán Cárdenas Morera, quien trabajaba como escribiente de un juzgado civil.
"La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, obtención de documento público falso y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego", explicó Herrera.
Añadió que también por los delitos de "concusión, enriquecimiento ilícito de servidor público, asesoramiento ilegal y otras infracciones, además de abuso de función pública y fraude procesal continuado".
La Fiscalía precisó que una fuente humana informó sobre las actividades ilícitas presuntamente realizadas por los procesados, en el que por medio de interceptaciones de comunicaciones, análisis de información e inspecciones judiciales, entre otras actividades de policía judicial, lograron evidenciar cómo Héctor Carvajal y otras personas más, comercializaban municiones.
Le puede interesar: [Video] Dos hermanas bailaron sobre tumbas de soldados ucranianos: podrían ir a la cárcel
Emir Quintero habría usado su cargo para obtener información que luego habría vendido, además, habría realizado varias asesorías, aún a sabiendas que las mismas no las podía realizar, y ofrecer al funcionario del juzgado civil dinero en efectivo para agilizar el pago de dineros que le habían embargado.
Nunil Javier Rojas, por su parte, habría cobrado comisiones por viajes que nunca realizó. Esta acción la habría justificado mediante la presentación de certificaciones fraudulentas con las que sustentaba el cobro de las mismas.
De esta manera, con la investigación recolectada se logró dar medida de aseguramiento intramuros a los funcionarios.
