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A pocas horas de la jornada electoral del domingo 21 de junio, el Gobierno nacional puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad electoral para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad, transparencia y orden público. El despliegue involucra a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de control y entidades del Estado encargadas de la protección de la infraestructura electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades han diseñado una estrategia integral para prevenir alteraciones del orden público, combatir la desinformación y proteger tanto los puestos de votación como las instituciones democráticas. El funcionario enfatizó que el principal riesgo identificado no proviene de organizaciones criminales, sino de sectores radicalizados que podrían desconocer los resultados electorales o promover actos de vandalismo.
Despliegue nacional con más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública
El ministro confirmó que el Gobierno dispuso un despliegue sin precedentes para proteger la jornada electoral en todo el país.
“Para eso hemos desplegado 408.000 hombres y mujeres, toda la capacidad de la fuerza pública. De esos 248.000 están directamente con el Plan Democracia y 160.000 están en apoyo y en desarrollo de operaciones contra estos grupos criminales”, afirmó.
En Bogotá, donde se concentra uno de cada cuatro votantes del país, fueron asignados 12.500 uniformados exclusivamente para custodiar puestos de votación, jurados, comisiones escrutadoras y sedes institucionales. Sánchez explicó que la capital requiere un tratamiento especial debido a su importancia política y administrativa.
“Bogotá no solamente es nuestra capital, sino que también tiene la mayor cantidad de población que va a votar. También tiene la infraestructura crítica electoral y del funcionamiento del Estado”, señaló.
El ministro agregó que la estrategia busca garantizar simultáneamente la continuidad de los servicios esenciales, como transporte, salud y suministro de agua, mientras se protege la infraestructura electoral y las principales instituciones del país.
Cali, una de las ciudades bajo especial vigilancia
Las autoridades también reforzaron las medidas en Cali, considerada una de las ciudades con mayores riesgos de alteraciones del orden público durante el proceso electoral.
Según Sánchez, las evaluaciones de riesgo llevaron al Gobierno a fortalecer la presencia policial y militar en la capital del Valle del Cauca, donde han circulado mensajes en redes sociales y cadenas de WhatsApp que alertan sobre posibles disturbios.
“Allá en Cali definimos un plan de contingencia en el cual pasamos de incrementar 3.800 policías a 4.000 policías. Se redistribuyeron 109 pelotones con 3.200 hombres del Ejército Nacional, no solamente para proteger la ciudad, sino el perímetro de la ciudad”, explicó.
El funcionario precisó que el enfoque principal está centrado en la prevención. “Tiene que ver con llamar a la calma, combatir la desinformación y combatir cualquier amenaza, por ejemplo, atentados terroristas”, indicó.
Aunque reconoció la preocupación ciudadana, insistió en que no existe información concreta sobre acciones organizadas para desestabilizar la jornada electoral.
Preocupación por simpatizantes radicales y la desinformación
Durante la entrevista, Sánchez señaló que la principal alerta de las autoridades está relacionada con posibles manifestaciones de grupos radicalizados después del cierre de las urnas.
“Mi preocupación más grande viene de un sector de la población muy pequeña, muy reducido, que son simpatizantes electorales radicales, no de un grupo criminal”, afirmó.
El ministro explicó que el reciente mapa de riesgos electorales evidencia un aumento en la tensión política debido a que la contienda quedó reducida a dos candidatos. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en los mecanismos de vigilancia electoral.
Asimismo, destacó que más de 1,2 millones de personas, entre jurados, testigos electorales y organismos de control, estarán vigilando el proceso.
“Vamos a estar comunicando y articulados con los medios de comunicación para que la gente reciba información oficial”, aseguró.
Vigilancia cibernética y protección de la Registraduría
Otro de los frentes prioritarios será la seguridad cibernética. El ministro reveló que cinco días antes de las elecciones fue activado un Puesto de Mando Unificado especializado para monitorear posibles ataques informáticos.
“Activamos el PMU cibernético con el Ministerio TIC, la Registraduría, Colcert, la Fiscalía y otras entidades para proteger la infraestructura cibernética de la Registraduría y contrarrestar la desinformación”, explicó.
Sánchez sostuvo que las instituciones cuentan con las capacidades necesarias para garantizar unos comicios seguros y transparentes.
“Creemos que con todas las medidas que hemos tomado está totalmente garantizado el despliegue para que estas elecciones sean libres, transparentes y seguras”, concluyó.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Cuántos uniformados participarán en el plan de seguridad para la jornada electoral del 21 de junio?
- Más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de las elecciones.
¿Qué riesgos identificó el ministro Pedro Sánchez para la jornada electoral?
- Las autoridades consideran que el principal riesgo proviene de grupos reducidos de simpatizantes electorales radicales que podrían promover alteraciones del orden público.
¿Qué medidas de seguridad se implementaron en Cali durante las elecciones?
- La ciudad reforzó su dispositivo con 4.000 policías y 3.200 militares para prevenir disturbios, actos vandálicos y posibles amenazas contra el proceso electoral.
¿Cómo protegerán las autoridades la Registraduría y los sistemas electorales?
- El Gobierno activó un PMU cibernético con varias entidades para prevenir ataques informáticos y combatir la desinformación relacionada con las elecciones.
¿Qué recomendaciones hizo el Ministerio de Defensa a los votantes?
- Mantener la calma, consultar información oficial, denunciar posibles delitos electorales y participar de manera libre y responsable en la jornada de votación.
