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Ángela María Buitrago cuestiona legalidad de nombrar exparamilitares como gestores de paz
La exministra de Justicia y docente del Externado, Ángela María Buitrago, se pronunció en entrevista con La FM sobre la resolución ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025, mediante la cual el presidente Gustavo Petro designó a 16 exparamilitares como gestores de paz. Según Buitrago, la medida plantea inconsistencias jurídicas frente a la normativa vigente.
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¿Qué dice la exministra sobre el marco legal de la resolución?
Buitrago señaló que la decisión presidencial “está por fuera del rango de la ley 2272”, conocida como ley de paz total. Explicó que esta norma se orienta al sometimiento y desmantelamiento de grupos armados activos, y no al cierre de los procesos de justicia y paz. “No hay una posibilidad de que el marco de la 2272 sea cierre de justicia y paz”, afirmó.
Indicó que entre los designados hay personas condenadas por narcotráfico, terrorismo y delitos de lesa humanidad. Varios de ellos cumplen penas en cárceles de Estados Unidos que superan los 20 años. “La resolución dice que no se modificará la situación jurídica de los detenidos, pero surge la duda de qué significa nombrar gestor de paz a alguien que está en una prisión en el extranjero”, expresó.
La exministra recalcó que la resolución también otorga funciones al Ministerio del Interior, lo cual, en su criterio, “no corresponde al marco normativo” que asigna esas competencias al comisionado de paz. Sobre este punto recordó que incluso el comisionado había sido renuente a respaldar decisiones similares en el pasado.
¿Qué implicaciones tendría para los procesos de justicia y paz?
Buitrago sostuvo que quienes se desmovilizaron bajo la ley de justicia y paz en 2005 estaban obligados a contar la verdad y reparar a las víctimas. “Si ahora aparecen nuevas versiones, eso significaría que incumplieron con justicia y paz y deberían responder en la jurisdicción ordinaria”, puntualizó.
La exministra citó datos de la Contraloría que evidencian el bajo nivel de cumplimiento del proceso: de 5.700 desmovilizados, solo 13 llegaron al final. “Son grupos que en muchos casos continuaron en el delito o se vincularon al narcotráfico”, añadió.
Respecto al argumento del Gobierno de que las críticas buscan evitar que se conozca toda la verdad, Buitrago respondió: “Ese argumento es una forma de amedrantamiento. Muchas de las verdades sobre vínculos entre paramilitarismo y entidades del Estado ya fueron contadas en justicia y paz”.
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En cuanto a versiones que apuntan a que se busca traer a exjefes paramilitares para incriminar a expresidentes, afirmó que “en justicia y paz ya se dijeron hechos de gran relevancia, como nexos entre paramilitarismo y el DAS, o incluso con sectores de la fuerza pública”. En ese sentido, insistió en que cualquier aporte adicional debe ser revisado con cautela, dado que incumplir con la verdad inicial pone en duda nuevas declaraciones.
Buitrago concluyó que la figura de gestor de paz existe en Colombia desde hace más de dos décadas y busca la reconciliación, pero advirtió: “Hay que tener mucho cuidado con la utilización de estas figuras por personas que siguen vinculadas a delitos como el narcotráfico”.
