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La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación negaron hacer parte del mismo grupo élite que anunció este lunes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para perseguir a los corruptos en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El pronunciamiento fue realizado a través de un comunicado conjunto entre el procurador General, Fernando Carrillo; el contralor General, Carlos Felipe Córdoba; y el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, en el cual se deslindaron del anuncio de la Vicepresidenta.
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Esta declaración se produjo luego de que Ramírez convocara a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, a la Función Pública y a Colombia Compra Eficiente para coordinar acciones contra los corruptos que se estarían aprovechando de la declaración de 'Estado de Emergencia' por la COVID-19, para apoderarse de los recursos girados a los más vulnerables.
La vicepresidenta señaló: “se trata particularmente de articular competencias contra la corrupción; cada entidad va a implementar medidas que permiten castigar a los corruptos y blindar los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria".
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Sin embargo, en el comunicado conjunto de los tres organismos de control se dice: “Indicar que, como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos”.
Asimismo, señaló que este grupo ya existe y se enmarca en las competencias de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría y es integrado por funcionarios de las tres entidades.
“Los tres organismos acordaron, en el marco de sus competencias, crear desde el inicio de esta pandemia un equipo integrado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción en la que puedan incurrir funcionarios de todo orden - nacional, departamental y municipal- en la atención de los colombianos y aplicación de las medidas para controlar la propagación del coronavirus”, señala la misiva.
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En el comunicado enfatizaron que en los próximos días se darán a conocer los primeros resultados concretos de las primeras investigaciones contra quienes incurran en actos de corrupción y comprometan su responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.
