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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamará a rendir una nueva versión voluntaria al excomandante del Ejército Nacional, general retirado Mario Montoya, por el escándalo de los ‘falsos positivos’ y no descarta citar a futuro como testigos a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Así lo confirmó Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, quien explicó que a los nombres de los expresidentes se sumarán otros exministros y funcionarios de la cúpula militar y del Gobierno, entre 2005 y 2008, que fue identificada como la época con el mayor pico de casos de falsos positivos en el país.
A su turno, el magistrado Óscar Parra señaló que esta citaciones podrían llevarse a cabo a inicios del próximo año, en desarrollo de la nueva fase de la investigación por falsos positivos que fue priorizada y la cual está dirigida a determinar las responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional en estos graves hechos.
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En el transcurso de esta nueva etapa, los magistrados de la Sala de Reconocimiento verificarán si los patrones macrocriminales determinados en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional.
“La JEP convocará a diligencias de declaración jurada, en calidad de testigos, a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno Nacional cuando se presentaron estos graves hechos”, indicó el magistrado Parra.
La magistrada Catalina Díaz recordó que en el marco del Caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, la JEP ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad a 59 máximos responsables.
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“Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la fuerza pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes. Si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y/o si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo”, agregó el magistrado Parra.
