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Cuando el presidente Gustavo Petro presentó en abril una terna de uno para que el Senado escogiera al reemplazo de Cristina Pardo en la Corte Constitucional, le ofreció a un amigo personal una compensación por varios años de lealtad y servicio.
La jugada salió bien en mayo. El Congreso votó masivamente por el abogado Héctor Carvajal Londoño, un jurista loado por políticos de toda clase, desde el propio Petro hasta Alexander Vega, exregistrador y ahora codirector del Partido de La U.
Por el contrario, no caló en la Corte esta semana. La Sala Plena apartó a Carvajal de la discusión de la reforma pensional, resolviendo en su contra una recusación que expuso que antes de llegar a la Corte fue un acérrimo defensor de la norma.
"El magistrado recusado emitió, de manera reiterada y previa a su posesión, conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad de la misma disposición legal que ahora pretende juzgar en sede de constitucionalidad", argumentó la senadora Paloma Valencia.
Valencia es una de las demandantes de la Ley 2381, suspendida desde junio por orden del magistrado que lleva el expediente más adelantado entre los 85 vigentes contra la norma: Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal.
Como parte del proceso, envió un escrito en el que pidió sacar a Carvajal por haber defendido la reforma, junto a Colpensiones y al Ministerio del Trabajo, en al menos tres procesos: el de Ibáñez, uno con Paola Meneses y otro con Natalia Ángel.
El magistrado Ibáñez le ordenó a Colpensiones precisar cuál fue concretamente el papel de Carvajal. La FM revisó la documentación que la administradora le presentó a la Corte y que concluyó con el hombre de confianza de Petro sin su voz ni su voto.
Héctor Carvajal, el defensor de Petro, Colpensiones y la reforma pensional
Colpensiones firmó con Héctor Carvajal dos contratos de prestación de servicios, el 070 de 2024 y el 005 de 2025. Jorge Eliécer Morales Acuña, entonces jefe de la oficina de asuntos legales de la entidad, supervisó su ejecución.
Entre agosto del año pasado y mayo de este, Carvajal le dio a Colpensiones cinco entregables y once informes mensuales, respondiendo a varias solicitudes de conceptos que le permitieran a la administradora intervenir ante la justicia.
Inicialmente, se encargó de asuntos jurídicos menos públicos, como valoraciones sobre la aplicación de la edad de retiro forzoso o de revocatorias de actos administrativos que reconocían prestaciones económicas irregulares.
Luego, desde el 23 de agosto, Carvajal proyectó contestaciones e intervenciones para los procesos contra la Ley 2381, como se lee en un correo en el que Jorge Morales le dio hasta el 9 de septiembre para que analice la demanda de Valencia.
“Con el objetivo de coadyuvar a la Presidencia de la República en la contestación de las demandas (...), Colpensiones trabaja armónicamente con el Ministerio del Trabajo de cara a estructurar la defensa técnica”, dice la comunicación.
Morales añadió que los aportes del hoy magistrado “serán fundamentales para la defensa técnica de la ley”. Carvajal respondió cinco días después de que terminara su plazo: “No hay duda de la constitucionalidad y de la legalidad de la Ley 2381”.
Frente al posible vicio de trámite, afirmó que la reforma “cumplió con los presupuestos deliberativos del trámite plenario”, y que la senadora Paloma Valencia cayó en “una apreciación caprichosa que no tiene vocación de prosperidad”.
El 7 de octubre de 2024 Carvajal le mandó a Colpensiones su informe de ejecución contractual con las tareas que cumplió entre el 30 de agosto y el 29 de septiembre. Allí certificó que cumplió con la contestación de la demanda de Valencia.
“No hay duda”
Jorge Morales, por su parte, al día siguiente firmó el documento que aprobó “los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista”. Colpensiones le había pagado entonces $75 millones a Carvajal.
En noviembre, la oficina de asuntos legales le pidió al abogado “su acostumbrado apoyo” para responder a la demanda del laboralista Brandon Archila Jaimes contra la reforma. El expediente quedó en manos de la magistrada Paola Meneses.
La razón de Archila para apostarle a la caída de la pensional era que el Congreso debió tramitar la ley como una estatutaria, no como una ordinaria. Desde junio de 2025, el proceso está suspendido, a la espera de lo que ocurra con el de Ibáñez.
“Agradecemos sus aportes antes del 21 de noviembre de 2024”, solicitó la oficina. Héctor Carvajal replicó el 20, en once páginas. “No hay duda de la constitucionalidad y de la legalidad de la Ley 2381 de 2024 en su totalidad”, remarcó.
En diciembre del año pasado, gracias a sus labores desde mayo hasta noviembre, Colpensiones le había desembolsado $125 millones a Carvajal. En febrero de 2025, con la firma de Jorge Morales, la suma alcanzó los $175 millones.
Colpensiones volvió a pactar con Héctor Carvajal, precisamente, en febrero, con el contrato de prestación de servicios 005. Y el 15 de enero le mostró todos los conceptos enviados a la Corte por demandas contra la reforma pensional.
El 28 de febrero Carvajal envió “los aportes jurídicos solicitados” para “la propuesta de intervención conjunta” que el Gobierno radicó en el despacho de la magistrada Natalia Ángel, quien analiza una demanda de la representante Katherine Miranda.
Terna de uno, recusación para uno
La congresista alegó el lugar común que tiene en jaque a la reforma: vicios de trámite, porque fue “promulgada con violación a la voluntad democrática que exige deliberación en el debate legislativo”. El proceso también está suspendido.
Para el ahora togado, “la formulación establecida por la demandante carece de especificidad y pertinencia”, además de que “pretende inducir en error al despacho”. “No hay duda de la constitucionalidad y de la legalidad de la ley”, insistió.
El segundo contrato de Carvajal con Colpensiones iba hasta el 31 de diciembre, pero se detuvo siete meses antes. El último informe de supervisión que Morales firmó, ahora como asesor del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, es del 26 de mayo.
La terna del presidente Gustavo Petro con Héctor Carvajal, Karena Caselles Hernández y Didima Rico Chavarro llegó al Senado el 15 de abril. La corporación le respondió al mandatario y al jurista de 64 años el 20 de mayo, con 66 votos a favor.
Carvajal se posesionó ante su otrora cliente, en la Casa de Nariño, el 2 de julio. El 17 de junio la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una recusación en su contra en el debate de la pensional, justamente porque aún no era magistrado.
Una vez contó con su toga, otras recusaciones comenzaron a andar. Una de ellas, del concejal Daniel Briceño. La Corte la desestimó de tajo porque el cabildante, del Centro Democrático, nunca participó en la demanda que Ibáñez ha analizado.
“Una actuación anómala”
Otra, de la senadora Paloma Valencia, del mismo partido opositor. Jorge Enrique Ibáñez le ordenó a Colpensiones entregar toda su información sobre Carvajal. La administradora estatal cumplió, mas Ibáñez en principio no estuvo conforme.
El choque avanzó hasta el 24 de noviembre. Ibáñez se había afincado en un formalismo técnico por el que le pidió a Colpensiones reenviar los archivos de Carvajal sin ninguna alteración digital, pues había capturas de pantalla y cambios de formatos.
Cuando la administradora volvió a contestar, el magistrado radicó su proyecto de auto, el 18 de noviembre. Una semana después, Héctor Carvajal terminó excluido del debate, que no abandonó sin reprochar la recusación que prosperó.
El 11 de noviembre le envió una carta de siete páginas a Ibáñez para presentar su "enérgica protesta", porque, según él, el trámite de la recusación fue “una actuación anómala" que "desconoce reglas mínimas del debido proceso".
Según Carvajal, Ibáñez creó "un procedimiento no establecido en la ley" y desconoció el principio de buena fe. La confrontación en la Sala Plena terminó con un empate a cuatro votos de la ponencia de Ibáñez que pide tumbar la reforma pensional.
Ahora el conjuez Carlos Márquez definirá el rumbo de la norma, interrumpida y a la espera de una decisión de fondo. La Ley 2381 fue el único punto del orden del día este lunes en la Sala, que no volverá a disputar el asunto en al menos dos semanas.
