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Colombia espera este viernes la lectura de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal. La pena podría oscilar entre cuatro y ocho años de cárcel, aunque la defensa ya anunció que apelará el próximo 11 de agosto.
La jueza Sandra Liliana Heredia hará el anuncio en una audiencia programada para las 14:00 hora local (19:00 GMT). La decisión llega en medio de tensiones por las críticas del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios congresistas de ese país, cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro calificó como una "intromisión en asuntos judiciales" y en "la soberanía nacional".
Polémica por el fallo
Heredia anticipó que la ley prevé para estos delitos una condena "superior a cuatro años e inferior a ocho", aunque consideró que Uribe se hace "merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena". La fiscal Marlene Orjuela, sin embargo, pidió una sanción de nueve años y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a 1.458 millones de pesos (unos 349.000 dólares).
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La defensa anunció que apelará el fallo el próximo 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá plazo hasta el 16 de octubre para decidir en segunda instancia. "La apelación se hace contra la sentencia, no contra el sentido del fallo", explicó el abogado Jaime Granados.
Independencia judicial
El lunes, Rubio escribió en X que "el único 'delito' del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria". Añadió que la "instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado un preocupante precedente".
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Las críticas fueron respaldadas por congresistas como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. Salazar afirmó en X: "Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe".
Ante estas declaraciones, las víctimas acreditadas en el caso, lideradas por el senador Iván Cepeda, alertaron a la ONU y a la CIDH sobre "presiones externas" de EE.UU. contra el poder judicial. Advirtieron que los intentos de interferencia representan "una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano".
"En un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales", señalaron.
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La Corte Suprema de Justicia defendió la autonomía judicial y rechazó "las injerencias indebidas y las expresiones que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan al ordenamiento jurídico". El tribunal advirtió que estas críticas "erosionan la credibilidad y la confianza pública en la justicia, y pueden poner en riesgo la vida y la integridad de jueces y magistrados".
