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Por considerar que representa un peligro para la sociedad y puede afectar a la administración de justicia, el juez 53 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel al contratista Emilio Tapia Aldana en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades que se presentaron en el proceso de licitación para el billonario contrato que tenía como objetivo llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales.
En su extensa intervención, el juez determinó que existe inferencia razonable para ver que Tapia intentó presionar a dos testigos clave en la falsificación de las pólizas de seguro que se entregaron al momento de la licitación con el fin de evitar que se declarara la caducidad del billonario contrato por los incumplimientos de la Unión Temporal.
Los dos testigos, quienes tuvieron una activa participación en la falsificación de los documentos, coincidieron en afirmar que Tapia junto a Juan José Laverde, representante de Cerros Poblados, ejercieron presiones indebidas para que ellos se echaran la culpa del todo y manifestaran ante los respectivos organismos que los habían engañado.
Para el funcionario judicial Tapia debe ser enviado a una cárcel de máxima seguridad con el fin de brindarle toda la protección y también evitar que siga cometiendo actividades delictivas. En este punto reclamó que pese a que Tapia tenía una medida de aseguramiento vigente por otro caso de corrupción tuvo la capacidad de concertarse con el fin de ejecutar un entramado para quedarse con el contrato de 1.2 billones de pesos.
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“Habló que lo amenazaron, pero bueno, han pasado más de cinco años. Circunstancias que lo amenazaron y bueno. Si usted dice que en la cárcel no lo pueden cuidar, dejémoslo en la casa que en la casa sí lo cuidan entonces (…) lo mejor es que lo trasladen a un establecimiento de reclusión con criterios de máxima seguridad pues los batallones no están para vigilar medidas preventivas ni cárceles“, aseguró el juez en su intervención.
El juez aceptó los argumentos presentados por la Fiscalía General y apoyados por el delegado de la Procuraduría General y el representante del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que consideraron pertinente una medida de aseguramiento para proteger el proceso penal.
En su intervención, que duró más de cinco horas, el juez hizo especial énfasis en los antecedentes penales de Emilio Tapia, recordando que existen en su contra dos condenas por actos de corrupción relacionadas con el escándalo del 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
Considera que esto es “un antecedente nefasto” para la justicia, más si se tiene en cuenta que el empresario disfrutó los beneficios de la detención domiciliaria y la libertad condicional y terminó, nuevamente “enrolado” en este caso de corrupción, el de más alto monto en su vida.
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Pese a las sentencias condenatorias reincidió en una actividad criminal. Frente a la gravedad de estos hechos el juez consideró que es necesaria la medida de aseguramiento para blindar el proceso penal y evitar la desaparición de pruebas y el silencio de testigos.
“¿De qué sirvió que Emilio Tapia estuviera en detención domiciliaria?”, se preguntó el juez al considerar que pese a esto estructuró todo el plan para desviar la licitación pública y así seguir aumentando su prontuario.
Señaló que, teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia dentro de la contratación, sabía de la necesidad de obtener las pólizas de seguro para la licitación puesto que esto les daría la ventaja para recibir la adjudicación del contrato y los anticipos.
“Es que no le iban a entrar 70 pesos sino 70 mil millones de pesos”, cuestionó el funcionario judicial al señalar que las evidencias revelan que en efecto contactó a las personas idóneas para conseguir estas pólizas falsificadas, subirlas al sistema y participar en la licitación.
Cuando conoció la decisión de la revocatoria del contrato por parte del MinTic movió sus fichas con el fin de desviar el caso y que una persona se adjudicara toda la responsabilidad de los documentos falsos. Para esto ofreció dinero y la asesoría de un abogado.
En su argumentación el juez resaltó que le parece bastante extraño que los libros de visitas a la oficina de Emilio Tapia en el Parque de la 93, uno de los lugares más exclusivos no solo de Bogotá sino del país.
Sin embargo, cuando la Fiscalía General fue a buscarlos no encontró ni un solo registro de las visitas a la oficina de Tapia. Es muy curios que en una zona tan prestigiosa no haya un libro que diga quién entra y quién salió (..) Cuando el doctor Molina entró y salió no hay libro, ni siquiera del mes”.
Finalmente, el juez aseguró que con estas conductas ilegales “el daño ya está hecho, puesto que muchos niños se quedaron sin internet”. Por la gravedad de su conducta deben ir a un centro carcelario.
La Fiscalía General le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Los tres procesados se declararon inocentes.
