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En una reciente entrevista emitida por La FM de RCN, la abogada y columnista del diario La República, María Clara Posada, expuso su preocupación sobre lo que considera una serie de violaciones a los derechos del expresidente Álvaro Uribe en el marco del proceso judicial por presunto soborno a testigos.
Las declaraciones de Posada señalan que no se le están otorgando las garantías procesales a las que tiene derecho, lo que pone en riesgo la equidad del proceso y, en última instancia, la salud democrática del país.
"Hay incorporadas una serie de violaciones que son gravísimas. No se puede hacer un adecuado descubrimiento de pruebas.Al plantear la negativa, la jueza deja sin ese derecho a la defensa y además viola una serie de principios procesales que tienen todos los colombianos.", comentó Posada.
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El punto más crítico que señaló fue la falta de acceso de la defensa a la información contenida en el teléfono de Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave en el caso: "La juez 44 había aceptado revisar la información del teléfono de Monsalve, ya que hay incongruencias entre la copia hecha por la Fiscalía y la información original en custodia de la Corte. Esto es algo que la Fiscalía todavía no ha revelado", afirmó la abogada.
Además, Posada denunció la supuesta pérdida de información del teléfono del senador Iván Cepeda, otro actor importante en el caso. "El teléfono de Iván Cepeda supuestamente se cayó y se borró. Allí se perdió mucha información relacionada con las conversaciones que tuvo con Juan Guillermo Monsalve. La defensa pide revisar el dispositivo original, no la copia presentada por la Fiscalía", sostuvo.
La abogada enfatizó la gravedad de esta situación al afirmar que no se está garantizando el derecho a una defensa justa para el expresidente Uribe: "Se le está negando un derecho al expresidente Uribe y están dejando como única prueba las que presentó la Fiscalía. Aquí se viola el principio de igualdad de armas, donde las dos partes involucradas tengan las mismas herramientas y capacidad para ejercer su legítimo derecho a la justicia", precisó.
Posada advirtió que el proceso judicial se ha politizado, lo que ha generado un ambiente en el que las garantías no se respetan: "Este proceso no se ha llevado de forma judicial. Si un proceso se politiza, las garantías no serán respetadas cuando una persona empieza a ser incómoda para quien está de turno", indicó.
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Finalmente, Posada destacó que este caso trasciende la figura de Álvaro Uribe y representa una amenaza al Estado Social de Derecho. "El expresidente Uribe no puede ser manoseado y vulnerado en cada uno de sus derechos. Este caso no tiene que ver con Uribe, sino con el Estado Social de Derecho. Esto constituye una violación de derechos", concluyó.
