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Unos cinco mil integrantes del sistema de defensa pública recibirán sus honorarios de finales de 2025. El gremio, en el que cada miembro alcanza a cargar con hasta cuatrocientos casos de personas que no pueden pagar un abogado particular, ve por fin que sus reclamos son atendidos.
La Defensoría del Pueblo informó que el Ministerio de Hacienda les hizo llegar el plan anual mensualizado de caja (PAC), el mecanismo con el que el tesoro nacional distribuye los fondos que deben ejecutarse en determinada vigencia, que estaba inconcluso desde diciembre.
“Esperamos que los pagos se vean reflejados en el transcurso de la semana”, sostuvo el Ministerio Público en sus redes sociales, y precisó que el PAC “permitió el pago pendiente” a todos sus contratistas, “incluyendo a defensoras y defensores públicos”.
La denuncia de la falta de honorarios salió a la luz el 25 de diciembre, el jueves de Navidad. El Colegio de Abogados Penalistas, la asociación académica más grande de Colombia en el derecho penal, llamó la atención en sus redes sociales por el incumplimiento.
“No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna”, sentenció el Colegio, que se refiere a los defensores y las defensoras públicas como “el eslabón más débil de la cadena del sistema penal”, por los compromisos que deben asumir en medio de sus labores.
La Defensoría asegura que su intención era pagar antes de las festividades, pero que el Ministerio de Hacienda no lo permitió. El episodio muestra una nueva disputa entre la entidad encargada de vigilar los derechos humanos en el país y la que controla los desembolsos.
No es una confrontación nueva. A lo largo de 2025, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro —que ternó a Iris Marín en 2024 para encabezar la Defensoría—, ha negado peticiones del organismo, a diferencia de, por ejemplo, las de la Procuraduría.
El Congreso le avaló al Ejecutivo un presupuesto de $546,9 billones para 2026. En el primer debate, cuando las comisiones económicas cortaron diez billones de lo que el Gobierno radicó inicialmente, la Procuraduría iba a recibir $1,51 billones. En el segundo, la cifra fue de $2,1 billones.
Un desequilibrio presupuestal entre entes de control tras disputas con el Gobierno
La amplificación coincidió con la aprobación de la Universidad de la Procuraduría, un proyecto insignia del procurador general, Gregorio Eljach, y el avance de la conmemoración del bicentenario del ente de control, con la que la Nación se comprometió a entregar unos $200.000 millones.
En contraste, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la cartera de Hacienda, la principal involucrada en el impulso del presupuesto general en el Legislativo, unos $1,34 billones, teniendo en cuenta su presupuesto actual, la inflación y la llegada de un año electoral.
Tanto la agencia que lidera Germán Ávila como el Congreso ignoraron la petición. La propuesta del Ejecutivo rondó los $1,21 billones, y el Congreso finalmente asignó $1,19 billones, que representan una reducción de aproximadamente $60.000 millones frente a los rubros actuales.
Iris Marín reconoció que el año pasado la Defensoría no tuvo los recursos suficientes para “el pago oportuno” de los defensores públicos, aunque cada uno “lleva más procesos de los que es razonable”. Hacienda se comprometió a girar en enero de 2026 la plata de los honorarios de diciembre de 2025.
La funcionaria grabó un video para los contratistas de la entidad y para el equipo de defensa pública. En él ratificó que, de acuerdo con una comunicación de Hacienda, no se podía pagar oportunamente ningún contrato de prestación de servicios.
“Esta situación es completamente ajena a las competencias y decisiones de nuestra institución”, sostuvo la abogada constitucionalista. La Constitución señala que la Defensoría tiene autonomía administrativa y presupuestal, lo que la exmagistrada auxiliar cuestiona.
A pesar de la mentada independencia, el Gobierno asignó, a su parecer, el presupuesto que consideraba adecuado para la Defensoría; el Congreso lo disminuyó y, en diciembre, llegó la notificación de que no habría pagos para más de cinco mil contratistas y defensores.
Malestar en el gremio y autonomía en entredicho
Los recursos “estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto”, como narró Marín en su cuenta de X. Además, estaban “comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas”.
“¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, reparó Marín. El Colegio de Penalistas afirma que “la defensoría pública no es prioridad del Estado”. “Es hora de hablar de los abusos que se cometen contra los defensores”, concluyó.
Una de las alegadas extralimitaciones era la asignación automática de defensores públicos en ciertos procesos, aunque los imputados o acusados tuviesen abogados de confianza. La Defensoría lanzó el 31 de diciembre una directiva que lo modificó.
A partir de este año se confirmó que la defensa pública es un mecanismo subsidiario. “Se acabaron los defensores llanta de repuesto”, celebró el Colegio, que le agradeció a Marín. La defensora, por su parte, manifestó confiar en la judicatura para hacer efectiva la nueva norma.
Un comunicado del Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) prometió protestas. La federación adujo “pasividad y desinterés” de parte de la Defensoría y expresó “su más enérgico rechazo” al Ministerio de Hacienda.
Sinecodep convocó a “plantones de exigencia” el 19 de enero, entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía, en inmediaciones del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá. La concentración comenzó en la Plaza de Bolívar quince minutos antes.
Desde las dos de la tarde hubo una demostración más, en la sede central de la Defensoría del Pueblo, en la localidad de Chapinero. En Medellín adelantaron un plantón el mismo lunes. Y el 20 de enero llamaron a un cese de actividades a nivel nacional. Las actividades “obedecen al espíritu de solidaridad y unión”.
Los juzgados penales de conocimiento de Bogotá manifestaron su “respaldo y solidaridad” frente a los defensores públicos el martes, y calificaron su rol como “fundamental dentro del sistema penal acusatorio”. “Los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado”, remacharon los togados.
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