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La Sala Plena de la Corte Constitucional se alista para reanudar las discusiones en torno a la despenalización total del aborto en Colombia, luego de que finalizara la vacancia judicial el pasado 11 de enero.
Las discusiones quedaron estancadas el año pasado por cuenta de un impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares, por haberse pronunciado sobre el aborto en medios de comunicación.
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Esa será la primera decisión que tome la Corte con ayuda del conjuez Hernando Yepes, quién destrabará las votaciones en torno a la participación del magistrado Linares.
La discusión de fondo no está fácil y las cargas en torno a la despenalización podrían cambiar si la decisión no se toma antes del 22 de febrero, fecha en la cual se va el magistrado liberal Alberto Rojas Ríos y llega en su reemplazo Natalia Ángel.
Cristina Rosero, del movimiento Causa Justa -uno de los demandantes-, dijo que independientemente de esos cambios, la Corte tiene en sus manos información científica confiable sobre la conveniencia en torno a la despenalización.
“Es un delito que ha mostrado ser ineficaz para evitar que los abortos ocurran porque siguen ocurriendo de manera clandestina y por fuera del sistema de salud, lo que pone en grave riesgo la salud y la vida de las mujeres y niñas en el país”, dijo.
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Añadió que existen cifras de organizaciones mundiales que al parecer “estiman que se están realizando unos 400.000 abortos anualmente y que apenas del 1% al 12% corresponden a abortos realizados de maneras seguras y eso muestra los impactos que tiene la penalización del aborto. Lo que significa que el delito no está siendo útil para evitar que los abortos ocurran”.
Rosero también aseguró que es un delito que se investiga en Colombia, “hay más de cinco mil casos iniciados en Fiscalía de los cuales existen unas 300 condenas que son contra niñas y adolescentes en condición de pobreza, que por lo general fueron víctimas de acceso sexual”.
Contrario a esos argumentos, Sara Caicedo candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá y activista provida dijo que no existe un derecho sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
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“Los grupos provida decimos que la Corte Constitucional no nos representa y que estamos cansados de su cultura de muerte. El único derecho que existe es a la vida y es inviolable (…) no existe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el único que puede crear leyes es el Congreso de la Republica”, dijo.
Según Caicedo, un estudio de la universidad Externado de Colombia desmiente las cifras de las que habló Rosero, sobre 400.000 abortos al año
“Demostró la falta de rigurosidad de esta cifra, porque partió del número de embarazos en un año específico, que ascendía a 1.500.000, pero solo nacieron 1.100.000 bebés, asumieron que los 400.000 fueron abortos, lo que no se aclaró fue que, de manera natural, se pierde uno de cada 4 embarazos (pérdidas espontáneas)”, dijo.
Mientras tanto Andrés Mateo Sánchez, otro de los demandantes que pide eliminar el artículo 122 del código penal para despenalizar el aborto, sostiene que “es una norma que contraviene la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y el derecho a la salud”.
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Para Sánchez, no es correcto que el Estado obligue a una mujer a terminar un embarazo. “Si no se le permite a una persona – una mujer en este caso – decidir sobre su propio cuerpo entonces sobre qué si puede decidir?”
“El artículo 122 del código penal bajo amenaza de pena y de sanción obliga a una mujer a obrar aun en contra de su voluntad o de su proyecto de vida”, dijo el demandante
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