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El decreto que ha firmado el presidente de la República, Gustavo Petro en las últimas horas, el 799, el cual traslada a jueces del circuito la competencia para conocer las tutelas contra actos del presidente de la república, que hasta ahora correspondía al alto tribunal ha sido debatido por expertos analizan impactos en la justicia y limitaciones del propio Consejo de Estado.
El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, a pesar de reconocer la potestad que tiene el presidente para reglamentar las leyes constitucionales, señaló que la medida no es proporcional ni razonable en principio de que las decisiones que provengan del presidente, en este caso como máxima autoridad deba ser bajada a la revisión de los jueces del circuito y no la máxima autoridad como lo es el consejo de Estado.
Por otro lado, expertos penalistas, como el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Bernate señalaron que esta regla ha regido desde el año 2018, cuando se expidió también la competencia al Consejo de Estado para que revisara las tutelas, solo que hasta ahora fue modificado, pero no interfiere en las funciones del Consejo de Estado.
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"Lo más importante aquí es decir que desde el año 1991 todo lo que tiene que ver con la acción de tutela ha sido reglamentado a través de decretos. Precisamente fue un decreto en le año 2018 el que dispuso la competencia del Consejo de Estado para conocer de las tutelas contra el presidente de la república, mismo decreto que hoy es modificado. (...) este decreto no significa interferir en las funciones del Consejo de Estrado, de hecho es el mismo Consejo de Estado el que se da sus funciones": señaló el penalista Francisco Bernate.
Sin embargo otros expertos como el constitucionalista, Germán Calderón España, quien también ha proferido demandas en contra del presidente Petro como el de la Consulta Popular y la presunta crisis de financiamiento para las FF.MM., advierte que este decreto de cierta menar limita la competencia del Consejo de Estado y dicho decreto tendrá un control judicial.
"Es un golpe de Estado a la tutela como mecanismo de contrapeso de las actuaciones arbitrarias y caprichosas que, en algunas oportunidades, pueden configurarse en lo normativo desde el Gobierno Nacional. Estaremos revisando las acciones a que haya lugar y la solicitud de una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de esta norma que claramente se constituye en una retaliación del Gobierno contra una Corporación judicial que intenta diariamente conservar el orden jurídico. Por fortuna, este decreto tiene control judicial", afirmó Germán Calderón España.
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Según el decreto, esta nueva normativa facultará a los jueces del distrito también revisar las tutelas que sean proferidas en contra del primer mandatario donde según el documento: "esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial".
Entre tanto, el decreto también señaló que pese a que le quita exclusividad al Consejo de Estado, "no excluye ni limita el control de la Corte Constitucional", ni tampoco restringe el acceso a la justicia, dado que la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar, esto, conforme al artículo 86 de la Constitución, y su reparto se mantiene dentro del marco de jueces ya competentes conforme a los factores territoriales y subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
