La FM en Google News
La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de seis menores durante una operación militar realizada en zona rural del departamento del Guaviare, donde las Fuerzas Militares adelantaban un operativo contra las disidencias de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco”. La acción, autorizada por el presidente Gustavo Petro, también dejó cuatro cuerpos más sin identificar.
Víctimas de reclutamiento forzado
Según el organismo de control, los menores fallecidos habrían sido víctimas de reclutamiento forzado, una conducta que constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un crimen de guerra. La Defensoría recordó que, incluso en escenarios de confrontación armada, los niños y adolescentes reclutados mantienen una protección reforzada que exige a la Fuerza Pública evaluar exhaustivamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados.
El pronunciamiento también atribuyó responsabilidad inicial a las estructuras armadas ilegales por involucrar menores en las hostilidades y emplearlos como “escudos humanos”, lo cual está prohibido por el DIH. La entidad insistió en que el debate no debe limitarse a aspectos técnicos del derecho de guerra, sino al impacto humano del conflicto.
Reacción del presidente del Senado
El presidente del Senado, Lidio García, expresó un rechazo contundente frente al reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las FARC:
“Es intolerable que las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sigan reclutando forzosamente a menores de edad y exponiéndolos como escudos humanos en campamentos armados[…] Ningún fin político justifica el secuestro de la niñez ni su instrumentalización en el conflicto.".
También, pidió solidaridad nacional e internacional, refugio humanitario inmediato para los menores rescatados y sanciones para quienes financien o respalden estas estructuras ilegales. “La paz total no puede construirse sobre la tumba de nuestros niños”, afirmó.
Exigencias desde la Cámara de Representantes
La representante Katherine Miranda pidió al Gobierno claridad absoluta sobre los procedimientos y decisiones que precedieron la operación militar.
“El derecho internacional humanitario es bastante claro. Ante cualquier ataque, el Estado debe garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y extremar las medidas cuando existe la posibilidad de presencia de menores", declaró.
La senadora exigió explicaciones inmediatas sobre tres puntos clave:
- El informe de inteligencia previo al bombardeo, y si este advertía sobre la presencia de menores.
- Los protocolos de protección aplicados para garantizar la distinción entre combatientes y civiles.
- Las reglas de enfrentamiento autorizadas, y si la fuerza utilizada cumplió con los estándares de proporcionalidad.
“La muerte de seis menores exige transparencia absoluta. El país tiene derecho a saber qué pasó, por qué pasó y si se violaron los protocolos que este mismo gobierno defendía con vehemencia cuando era oposición”, añadió.
