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El exviceministro del Interior Rafael Nieto Loaiza, el exministro de Defensa Diego Molano y el director de la CERAC, Jorge Restrepo, analizaron en La FM la confirmación de la muerte de menores en un bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en Calamar, Guaviare, planteando responsabilidades, alcances operativos y efectos de las decisiones gubernamentales en materia de seguridad.
¿Qué responsabilidades mencionan los entrevistados sobre la muerte de menores?
Rafael Nieto Loaiza señaló que lo primero es establecer que la responsabilidad por la muerte de menores recae en los grupos violentos que los reclutan, pues el reclutamiento de menores está prohibido por el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra.
Según dijo, “primero creo que es fundamental establecer la responsabilidad de esas muertes que es de los grupos violentos que lo reclutan”. Explicó que, al suspender los bombardeos al inicio de su mandato, el presidente Petro generó lo que calificó como un “incentivo perverso” para que esos grupos reclutaran más menores y los usaran como mecanismo para impedir operaciones aéreas.
Añadió que pasaron más de tres años antes de que se retomaran los bombardeos, pese al riesgo mencionado por el propio Gobierno. Indicó además que quienes deben asumir la responsabilidad son los grupos violentos y el presidente por ese efecto derivado de la decisión inicial de suspender los bombardeos.
Nieto Loaiza afirmó que la contradicción radica en que el Gobierno retomó las operaciones aéreas tras mantener una prohibición que, según él, derivó en nuevos casos de reclutamiento. Señaló que la tragedia es lamentable, pero insistió en la responsabilidad primaria de quienes ejecutan el reclutamiento y en la corresponsabilidad del Ejecutivo.
Por su parte, el exministro de Defensa Diego Molano sostuvo que ve con preocupación la decisión del Gobierno de retomar los bombardeos después de que, según él, se habían manipulado argumentos para deslegitimar operaciones de la Fuerza Pública. Afirmó que la suspensión de los bombardeos permitió el crecimiento de grupos armados y expresó que, como resultado de la política de “paz total”, la guerrilla habría incrementado su presencia en múltiples municipios y su capacidad operativa, llegando a “25,000 hombres en armas y redes de apoyo”.
Según Molano, la ausencia de operaciones aéreas facilitó la expansión de esas estructuras. Afirmó que retomar los bombardeos ahora resulta tardío porque “el daño ya está hecho”, y que estos grupos aprovechan la presencia de menores en sus filas para argumentar en contra de acciones militares.
Molano explicó que las operaciones militares suelen estar planeadas desde los puntos de vista operativo, jurídico e inteligencia, pero que es difícil para la Fuerza Pública determinar la edad de quienes integran esos grupos durante los operativos. Insistió en que, según la legislación, cuando un menor es incorporado como combatiente, se convierte en objetivo militar.
Explicó también que el debate debe centrarse en la responsabilidad de los grupos armados por el reclutamiento y señaló que en los ceses al fuego pactados en el marco de la paz total no se incluyeron exigencias para detener el reclutamiento de menores, lo que habría permitido su aumento. Añadió que esta omisión se convertiría en un problema para el Gobierno, dado que las operaciones actuales pueden encontrar un número significativo de menores reclutados en los últimos años.
¿Qué efectos operativos y políticos advierten los analistas sobre el bombardeo?
Interrogado sobre si el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, o los altos mandos de las Fuerzas Militares deberían renunciar, Molano afirmó que deben asumir el debate correspondiente y las responsabilidades, pero destacó que no se puede erosionar la legitimidad de la Fuerza Pública por este tipo de operaciones. Señaló que, en su opinión, el Gobierno habría deslegitimado estas acciones en el pasado para obtener réditos electorales.
Concluyó que las operaciones cumplen requisitos legales y militares, por lo que deben ser respaldadas, y reiteró que la discusión de fondo es la distorsión política generada, según él, para deslegitimar el trabajo de la fuerza pública.
Por su parte, Jorge Restrepo, director de la CERAC, afirmó que “siguen muriendo menores de edad en medio de este tipo de operaciones militares”, un fenómeno que debe reducirse hasta llegar a cero.
Destacó que la operación es legítima y que el objetivo militar también lo era, pero señaló que el Gobierno había elevado el umbral de certidumbre para evitar afectaciones a menores al inicio del mandato, y que en este caso no parece haberse cumplido.
Indicó también que la responsabilidad primaria recae en los líderes del grupo armado, pero añadió que puede existir una probable responsabilidad política en la cadena de mando, “desde el propio presidente de la República por el lanzamiento de esta operación”. Afirmó que el Congreso debe llamar a cuentas al Gobierno para explicar el objetivo del operativo, el armamento utilizado y la inteligencia disponible.
Respecto al uso de menores por parte de los grupos armados, Restrepo afirmó que existe un “chantaje permanente” y explicó que los grupos utilizan a los menores como instrumento, lo que también se ha evidenciado en otros casos.
Señaló que Colombia debe revisar sus medidas jurídicas contra el crimen organizado porque son insuficientes. Indicó que la mejor forma de prevenir el reclutamiento forzoso es con una altísima efectividad de la Fuerza Pública, pues las operaciones militares son una sustitución de la acción de justicia cuando esta no logra actuar con la rapidez necesaria.
Concluyó que el país debe centrarse en mejorar la efectividad de la fuerza pública para evitar que los menores sean utilizados en estas dinámicas.
