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En las últimas semanas se ha reavivado la discusión sobre las facultades de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, pues el Consejo de Estado tiene pendiente resolver la unificación de jurisprudencia que establecerá el efecto de las sanciones impuestas por el organismo.
Durante el Congreso Internacional de derecho disciplinario de la Procuraduría el director de La FM de RCN, Juan Lozano, moderó el panel en el que discutió “el marco constitucional de un derecho disciplinario autónomo”, en el participaron Paola Meneses, magistrada de la Corte Constitucional; el magistrado del Consejo de Estado, José Roberto Sáchica y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina, Mauricio Roberto.
Durante la conversación, la magistrada Meneses se refirió a los efectos que tendrá la sentencia C-030 de la Corte Constitucional que reguló las competencias de la Procuraduría y afirmó que es necesario un diálogo entre las altas cortes para encontrar un punto en común en la discusión que tendrá que ser resuelta por el Consejo de Estado.
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“Necesitamos dialogar, necesitamos encontrarnos, porque al fina, la garantía de los derechos políticos, de los derechos fundamentales es un tema que nos concierne a todos y tenemos que ser capaces de llegar a estos entendimientos y a buscar, insisto, de cara a las competencias de cada una de las altas cortes cuál puede ser ese lugar y ese punto de encuentro”, afirmó la magistrada.
El magistrado José Roberto Sáchica explicó la discusión que avanza en la Sala Plena del Consejo de Estado se enfoca en unificar la viabilidad de un recurso de revisión ante las sanciones de los funcionarios electos que sean suspendidos luego de salir del cargo.
“Hay varias decisiones unitarias de los despachos que han verificado que en la medida en que la sanción no se impuso para el momento en que la persona está en ejercicio del cargo, no hay lugar a la activación del mecanismo de la revisión”, afirmó el funcionario.
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El el vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina, Mauricio Roberto insistió en que la ventaja de la jurisdicción disciplinaria es la prevalencia de las garantías procesales para las personas investigadas.
“Las garantías no son un regalo, las garantías son un costo de la democracia y por lo tanto creo que quienes operan el derecho disciplinario no deben de perder de vista que hay que investigar, hay que establecer la comisión de la falta disciplinaria, pero sobre todo hay que respetar”, concluyó el funcionario.
