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Esta semana se inician las discusiones en la sala plena de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de la ley de financiamiento promovida por el gobierno del presidente Iván Duque, que lograría recaudar solo 7,5 billones de pesos.
Contra la ley se radicaron 31 demandas de las cuales, según la secretaria de la Corte, están en curso 21. La Corte iniciará tomando decisión sobre la demanda que pide anular toda la ley porque al parecer tuvo vicios de trámite en el Congreso de la República.
Los demandantes dicen que hubo “una violación al principio de consecutibidad, ante la ausencia de publicidad. Se vulneró el procedimiento legislativo establecido para la discusión y la aprobación de las leyes”.
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Lo anterior quiere decir que la Cámara desconocía el texto que fue aprobado en el Senado en diciembre del año pasado, llevando a los representantes a aprobar la ley a ‘pupitrazo’ limpio y sin dar realmente discusiones de fondo.
Así las cosas, si la Corte aprueba la demanda, se caería toda la ley a pesar de que estén en trámite las otras demandas contra artículos puntuales dentro de la norma; sin embargo, también se habla de que la Corte podría devolver la ley al Congreso para que surta el trámite de ley.
El concepto del procurador Fernando Carrillo le dice a la Corte que no hubo ningún tipo de irregularidad en el trámite de la Cámara al momento de aprobar el articulado, pues aunque el Senado no había publicado en la gaceta el texto final de la norma, el senador David Barguil hizo una exposición del texto en la plenaria de la Cámara antes de su votación final.
Es decir que el proyecto de ley se tramito bajo el principio de simultaneidad que, según el procurador, consiste en que ambas cámaras aprueben el mismo texto.
“Los debates de aprobación del proyecto de ley de financiamiento en las sesiones plenarias de Senado y Cámara se hicieron de manera simultánea el 18 de diciembre de 2018, como consta en las gacetas del Congreso (…) el proyecto aprobado en la sesión de la Cámara respeto en su integralidad el principio de simultaneidad”, dice el concepto que pide darle vía libre a la ley de financiamiento.
