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Tras la indagación preliminar realizada durante el primer semestre de 2024, la Contraloría General anunció que iniciará un proceso de responsabilidad fiscal por $10.768 millones contra el Ministerio del Deporte, debido al retiro de la sede de los XX Juegos Panamericanos.
El ente de control señaló que, mientras la Alcaldía de Barranquilla efectuó tres transferencias por concepto de derecho de sede y patrocinio, el Ministerio del Deporte no cumplió con los compromisos adquiridos.
Estos compromisos estaban relacionados con la obtención, asignación y pago de recursos por un valor de US$8.000.000, cuyas fechas límite de pago eran el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024.
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La Contraloría detalló que esta situación “se debe a la gestión inoportuna de recursos, por parte del Ministerio del Deporte y, según las cláusulas contractuales, autoriza a Panam Sports para incorporar en su patrimonio los pagos realizados hasta ahora por la ciudad de Barranquilla”.
Cabe resaltar que recientemente, la Procuraduría General ha presentado cargos contra Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, exministra del Deporte, por supuestamente no cumplir con las obligaciones adquiridas con la Organización Panam Sports para la realización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Según el ente de control, estas presuntas infracciones llevaron a la rescisión del contrato y al retiro de la sede.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público indicó que tanto la exministra como el secretario general, Luis David Garzón Chaves —también incluido en el expediente—, podrían haber permitido un aumento en el patrimonio de la empresa en perjuicio de la ciudad, por un valor de dos millones 250.000 dólares que la Alcaldía había pagado y que se perdieron debido al impago del Ministerio.
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El ente de control sugiere que Rodríguez podría haber violado los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al decidir no firmar el contrato el 27 de diciembre de 2023 y no cumplir con el compromiso de pagar el monto acordado según el plan de pagos establecido para el 30 de diciembre.
Además, el Ministerio Público está investigando si el secretario, en su papel de ordenador del gasto, omitió el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para cambiar la forma de pago mediante un acto administrativo. Esta acción podría haber afectado seriamente la imagen, la seriedad y la credibilidad del Estado colombiano.
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