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En los próximos días la Corte Constitucional tomará una decisión que podría ordenar el retorno de todos los estudiantes del país a los salones de clase en medio de la pandemia por el coronavirus.
La decisión se desprendería de una ponencia en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que estudió el caso de tres menores de edad que en medio del confinamiento, no han podido acceder a una educación de calidad, porque no cuentan con los recursos de conectividad necesarios.
La ponencia tiene un fuerte pronunciamiento contra el Gobierno por la falta de medidas para garantizar la conectividad a internet y los recursos digitales a los menos favorecidos en todo el territorio nacional.
“Que el modelo actual de educación remota de emergencia, que surge con la pandemia (…) no corresponde ni a un modelo de educación a distancia (…) ni a un modelo de educación virtual, que es esencialmente no presencial”, dice uno de los apartes del documento.
Más adelante advierte que “con el cierre de los colegios, el aumento en los indicadores de conectividad se ha visto drásticamente reducido”.
Finalmente, la ponencia señala que “aunque la Corte reconoce los esfuerzos del Ministerio en materia de conectividad en educación, también advierte que estos se han visto frustrados, en tanto que, esta decisión reproduce los problemas estructurales en conectividad del país, sin una solución viable en el corto plazo”.
La Sala Plena ha sostenido un reñido debate sobre el planteamiento de la ponencia en relación con la educación virtual y el regreso a la presencialidad en medio de la pandemia.
Las discusiones han quedado en empate 4 - 4 y el destrabe está en manos del exmagistrado Humberto Sierra Porto como conjuez de la discusión. La magistrada Diana Fajardo no está participando en este debate.
Pero antes de retomar la discusión sobre la ponencia, el magistrado Ibáñez está trabajando en algunos ajustes al texto que sería definitivo y que se llevaría a la próxima Sala Plena con participación del conjuez.
La ponencia de la Corte se conoce en medio del escándalo de corrupción que salpica al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en torno a las presuntas irregularidades de un millonario contrato que se suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 14.000 colegios públicos en el territorio nacional.
