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La Contraloría General de la República (CGR), a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, imputó $67.970 millones en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, por lo que desvinculó dentro del proceso a 15 presuntos responsables, entre los que se encuentra Emilio Tapia.
“Se desvincula y archiva a 15 presuntos responsables fiscales, en tanto que su actuar no comportó gestión fiscal”, aseguró la Contraloría a través de un comunicado.
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De acuerdo con este ente de control, lo anterior se debe a irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, en donde hubo una gestión ineficiente e ineficaz.
“Esta situación impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidas en los 16 departamentos del país”, aseveró la Contraloría.
De igual forma, agregó que estas acciones conllevaron a una terminación anticipada del contrato, lo que implicó el retorno de los recursos públicos en virtud a la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa.
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“Se imputa responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban” , afirmó el ente de control.
La Contraloría se imputó responsabilidad fiscal a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al omitir sus deberes que le eran exigibles conforme al manual de funciones de la entidad.
