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Carlos Ramírez, Andrés Torres, Luis Fernando Gómez, Diana Rodríguez, Jorge Martínez y Camila Herrera testificaron en contra de la representante a la Cámara Karen Manrique, de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de Arauca. Así lo puso de presente el procurador Henry Bustos, el mismo del caso de Nicolás Petro.
El problema es que, al parecer, ninguno existe. Ramírez, se supone, es funcionario del Ministerio de Hacienda; Torres, una asesora legislativa; Gómez, exfuncionario del Congreso; Rodríguez, contratista en El Carmen de Bolívar; Martínez, funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), y Herrera, un “testigo referencial”.
Bustos listó a las personas en un escrito de alegatos preclasificatorios, una etapa previa a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decida si acusa, o no, a Manrique, quien presuntamente habría sido un enlace del gobierno de Gustavo Petro en el direccionamiento ilegal de contratos del entramado de la UNGRD.
Puede que Ramírez, Torres, Gómez, Rodríguez y Herrera sí sean reales. Pero hasta el momento no han rendido ninguna declaración en el expediente de Manrique. Al menos así lo denunció el defensor de la congresista, Andrés Garzón Roa, quien le pidió al procurador general, Gregorio Eljach, remover al procurador Bustos del caso.
“De los testimonios citados y de un minucioso estudio del expediente se tiene que ninguna de las primeras seis personas referenciadas rindió declaración o siquiera es mencionado dentro del mismo, lo cual implica, preliminarmente que se le estaría atribuyendo (...) un valor probatorio a unos elementos inexistentes”, dijo Garzón.
La defensa presentó un escrito de once páginas que cuestiona la actuación del procurador delegado. Henry Bustos aseguró que Jorge Martínez “confirmó” que Karen Manrique pidió “información detallada sobre ejecución presupuestal”. El supuesto funcionario de la UNGRD, añadió el procurador, “relató reuniones informales”.
La solicitud de acusación y las dudas sobre inteligencia artificial
En contraste con el delegado, Garzón encontró que Martínez “no rindió declaración dentro de este expediente”. Su testimonio “es inexistente”, sentenció el abogado, aunque insinuó que, de ser real, no fue “objeto de traslado al presente proceso”. Su nombre no aparece “ni como testigo, indiciado, funcionario o tercero interviniente”.
Bustos le pidió al magistrado Misael Rodríguez, ponente de la causa contra seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, acusar a Manrique. Ya Rodríguez le presentó a la Sala de Instrucción una ponencia que, precisamente, pide llevar a Manrique y a otras figuras como Wadith Manzur a juicio.
“La invocación de un testimonio inexistente como fundamento de una solicitud de acusación configura una alteración sustancial del soporte probatorio, en la medida en que introduce al proceso un elemento fáctico ajeno a la realidad procesal, afectando el derecho de defensa y el principio de contradicción”, reclamó el abogado Garzón.
El listado de testigos llevó al defensor de Manrique a escanear el escrito del procurador en Gemini para revisar si usó inteligencia artificial. El resultado fue claro: muestra signos de IA en un 89%, por “pobreza y repetición en los conectores”, la longitud “estandarizada” de oraciones y la posible respuesta a una instrucción o prompt.
Aunque la inmersión de la inteligencia artificial en la justicia se ha consolidado —y ha sido objeto de análisis académicos o pronunciamientos jurídicos—, la doctrina y las instituciones competentes, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, han planteado ciertos límites para evitar su abuso.
El Acuerdo PCSJ24-12243, de la Judicatura, adopta varios márgenes para que la IA no sustituya la verificación minuciosa de los funcionarios y los estándares éticos. La normativa prohíbe que la inteligencia artificial supla las valoraciones de pruebas.
El trasfondo del caso de la UNGRD y las declaraciones de Olmedo López
“Teniendo en cuenta las obligaciones de seriedad, diligencia y demás parámetros establecidos” en el Acuerdo, precisó Garzón, Bustos incurrió en un “posible incumplimiento a los criterios orientadores para el adecuado uso de la inteligencia artificial”. La defensa reclamó, entonces, apartar a Henry Bustos del caso.
Para el equipo de Karen Manrique, “resulta altamente gravoso” instar a una resolución de acusación “por medio de un escrito de alegatos donde se citan testimonios y declaraciones a todas luces inexistentes”, sobre todo por “aseveraciones altamente incriminatorias”. Hasta ahora, la Procuraduría no ha respondido.
La representante a la Cámara está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema, aseveró haberse reunido varias veces con Manrique en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente”, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse. Además de Manrique y Manzur, están implicados Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, además de Liliana Bitar.
Karen Manrique llegó al Congreso en 2022 a ocupar una de las dieciséis curules especiales que el Acuerdo de Paz planteó para las víctimas del conflicto. Se dice que es cercana al Partido Liberal, el de Julián Peinado. Ella narra que tuvo que desplazarse de Tame, Arauca, por la presencia de varios grupos armados.
