Escándalo de regalías: capturas a 11 personas por presunto desvío de medio billón de pesos en proyectos de infraestructura

La FM conoció en primicia información detallada de las capturas de la unidad anticorrupción de la Fiscalía. Se habla de 500.000 millones de pesos en desvío de recursos.

La Fiscalía realizó una serie de capturas en las últimas horas en un escándalo por el robo de recursos de regalías por alrededor de medio billón de pesos. Las capturas fueron realizadas en Atlántico, Arauca y Caquetá. Se trata de un esquema asociativo en el que estuvieron implicados alcaldes, gobernaciones y otros funcionarios con contratación directa e irregular que habría servido para el robo de los recursos.

¿Qué dijo el comunicado de la Fiscalía sobre las capturas de este miércoles 15 de abril?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado, en el operativo fueron capturadas nueve personas señaladas de estructurar y operar este esquema a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), una figura que habría sido utilizada para concentrar la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En ese contexto, La FM conoció que estas capturas hacen parte de un total de 11 órdenes judiciales.

Según los investigadores de la Fiscalía se trata del operativo más grande que se ha adelantado en la historia reciente del país contra las redes de corrupción dedicadas a la apropiación y desvío de recursos de las regalías, no sólo por la cuantía de los dineros comprometidos sin por el entramado que fue detectado.

Las diligencias fueron adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, y permitieron la detención de quienes se desempeñaban como creador, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de la organización.

Los billonarios recursos de las regalías comprometidos

En consonancia con la investigación, los capturados habrían articulado un mecanismo para que Aremca fuera designada como ejecutora de proyectos por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenidos los avales, presuntamente direccionaron 101 contratos por un valor que supera los 496.000 millones de pesos.

Los proyectos estaban relacionados con obras civiles, interventorías y programas en sectores como medio ambiente, saneamiento básico, agricultura y alimentación, en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

La Fiscalía indicó que las pruebas recolectadas evidencian posibles irregularidades en la contratación, con vulneración de principios como la publicidad, la transparencia y la selección objetiva.

Además, se documentó una presunta apropiación indebida de al menos 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían ejecutarse en el departamento de Arauca.

Otro de los hallazgos señala que la asociación habría omitido la retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública, un tributo equivalente al 5% del valor de los contratos estatales, destinado al financiamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Los capturados fueron identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

¿Por cuáles delitos serán judicializados los capturados?

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas.

Antela gravedad de los hechos, la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.

Este caso hace parte de las líneas priorizadas por el grupo de tareas especiales de la Fiscalía, creado para investigar hechos de corrupción que comprometen recursos del Sistema General de Regalías.


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