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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada destapó un preocupante caso de infiltración criminal dentro del sector de la seguridad privada en el país y anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para facilitar actividades ilícitas.
El anuncio fue realizado por el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez, quién informó en entrevista con la FM que las decisiones se adoptaron tras una serie de investigaciones que evidencian un patrón reiterado: compañías que operan bajo la legalidad, pero que terminan prestando sus servicios, personal o recursos a organizaciones criminales.
¿Por qué se suspendieron 31 licencias de empresas de seguridad?
Álvarez explicó que la decisión se da tras un cambio en el enfoque institucional. “Cuando asumimos la responsabilidad hicimos un cambio de enfoque en la forma como se hace inspección, vigilancia y control”, indicó.
Según señaló, las medidas adoptadas son de carácter preventivo. “Estas 31 empresas que hoy tienen la licencia suspendida es de aclarar que no todas es por una supuesta infiltración criminal”, afirmó.
El funcionario precisó que también se identificaron fallas administrativas. “Hay casos que tienen que ver con falta de información en temas financieros o temas administrativos”, explicó.
Álvarez indicó que se han detectado patrones en el sector. “Hemos encontrado patrones de ocurrencia de situaciones relacionadas con un poco adecuado control en el manejo de las armas y del personal operativo”, señaló.
Asimismo, agregó que estos factores representan riesgos. “Son riesgos que van ligados a temas de seguridad y que nosotros no vamos a permitir”, expresó.
El superintendente también hizo referencia a la composición del sector. “Hay empresas muy pequeñas formadas por personal en retiro que crean estas empresas de seguridad”, dijo.
¿Qué controles aplica la Superintendencia al sector de seguridad privada?
Álvarez explicó que el servicio exige condiciones definidas por la norma. “El servicio de vigilancia y seguridad privada es un servicio especializado que requiere unas condiciones mínimas”, indicó. En ese sentido, señaló que las empresas deben cumplir requisitos específicos. “Las empresas autorizadas tienen que ser sociedades con un capital establecido y unas condiciones físicas para prestar el servicio”, afirmó.
También destacó la verificación del personal como un componente clave. “Esto pasa por una acreditación del personal que está previamente autorizado por nosotros”, explicó. El funcionario agregó que se revisan otros elementos esenciales. “Lo que tiene que ver con las armas y los recursos tecnológicos también es verificado”, dijo.
Álvarez indicó que el marco normativo aplica a todas las empresas sin distinción. “Hay un marco normativo que es aplicable a todos y no puede tener excepciones”, señaló. Además, destacó la articulación entre entidades. “Hoy hay un ejercicio de coordinación institucional como nunca antes se había dado”, afirmó.
En ese contexto, mencionó acciones recientes en materia de control. “Hoy ya notificamos 280 sanciones por falta de reporte financiero o poca claridad en las finanzas”, indicó. Asimismo, explicó que se adelantan más procesos en curso. “Estamos adelantando cerca de 1940 procesos por falta de información financiera”, dijo.
Álvarez señaló que estas medidas buscan mitigar riesgos. “Buscamos evitar cualquier riesgo que tuviera que ver con el lavado de activos”, expresó. El superintendente indicó que las sanciones podrían incrementarse en los próximos procesos. “Podríamos estar hablando de 500 o 600 sanciones que estarán alrededor de los 30.000 millones de pesos”, afirmó.
También aclaró que existen diferentes tipos de casos dentro de las investigaciones. “No se debe mezclar una cosa con otra, hay faltas administrativas y otras situaciones más graves”, explicó. Sobre la Unidad Nacional de Protección, Álvarez señaló el esquema vigente. “El grueso de los esquemas se hace a través de empresas autorizadas por la Superintendencia”, indicó.
Finalmente, explicó los controles aplicados al personal vinculado. “El ejercicio de verificación de antecedentes no lo hacemos solos, hay participación de la policía”, concluyó.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
