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Durante la sección Los secretos de Darcy Quinn en La FM, se abordó la publicación de sanciones contra 36 empresas de seguridad y las implicaciones de recientes decisiones relacionadas con la UNP y la contratación de personal, según lo expuesto en la entrevista.
¿Qué está pasando con la seguridad privada en Colombia?
En la intervención se indicó que “son más las empresas buenas que cumplen con todo” que aquellas investigadas, destacando que la mayoría opera dentro de la ley. Sin embargo, se advirtió sobre una preocupación en el sector frente a acciones que podrían “cargarle la mano a todas las empresas”, incluso a las que cumplen con la normativa vigente.
La entrevistada explicó que, tras la expedición de los decretos 019, 0019 y 0020 de 2026, se permitió que la UNP contratara directamente a desmovilizados y miembros de colectivos indígenas como escoltas, lo que ha generado cambios en la dinámica del sector. “El tema se ha vuelto bastante complejo”, afirmó.
Según lo señalado, las empresas de seguridad privada legalmente constituidas actualmente proveen “solo un poquito más del 50%” de los servicios de protección de la UNP. El resto de los servicios estaría siendo cubierto por personas contratadas de forma directa, en edades entre 18 y 28 años, provenientes de procesos de desmovilización.
En ese contexto, se afirmó que estos nuevos esquemas de contratación incluyen personal “sin experiencia y no importa si tienen antecedentes”, lo cual fue descrito como un aspecto relevante dentro de la preocupación planteada. Se indicó que esta situación ocurre porque no ingresan a través de empresas privadas, sino mediante contratación directa.
¿Por qué preocupa la contratación directa de desmovilizados en la UNP?
Durante la entrevista se señaló que muchas de las personas protegidas por la UNP “no tienen idea de esto”, en referencia al origen del personal asignado a su seguridad. También se mencionó que, en algunos casos, quienes conocen la situación la aceptan debido a la falta de alternativas: “es eso o nada de protección”.
Adicionalmente, se expuso que las empresas de vigilancia formal perciben una reducción en sus oportunidades de operación. “Sienten que les quedan cada vez menos espacios”, se afirmó, al tiempo que se mencionaron factores económicos como recargos nocturnos, pagos en festivos y el aumento del salario mínimo.
Se indicó que estos elementos han impactado la sostenibilidad de varias compañías, que han tenido que retirarse de distintos sectores. En paralelo, se expresó que existe una percepción dentro del gremio: “sienten que el Estado está persiguiendo a muchas empresas buscando el quiebre”.
La finalidad de estas acciones, según lo planteado en la intervención, sería “dejar más la seguridad en manos de otras personas”. Esto se relaciona con la idea de que la seguridad estaría siendo asumida por “miembros de grupos ilegales o exmiembros de grupos armados ilegales”.
Finalmente, se mencionó una comparación con experiencias internacionales. “Esto pasó en otros países”, se afirmó, aludiendo a casos donde se formaron “ejércitos privados” contratados por el Estado, integrados por personas provenientes de estructuras ilegales.
En ese sentido, se hizo referencia a un escenario en el que dichos grupos terminaron prestando servicios de “seguridad paramilitar” al Estado. La intervención concluyó con una advertencia sobre la necesidad de atención frente a estas situaciones: “que no nos vaya a pasar eso”.
