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Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmaron la decisión de un juez de primera instancia y negaron la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de precluir la investigación adelantada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por estar supuestamente implicado en soborno a testigos.
La decisión fue adoptada por una sala de tres magistrados, quienes revisaron la apelación presentada por parte de la Fiscalía y la defensa de Uribe Vélez a la decisión adoptada el pasado 23 de mayo por el juzgado 41 penal del circuito de conocimiento de Bogotá.
El magistrado explicó que un juez no puede ordenarle a la Fiscalía que acuse al expresidente Álvaro Uribe, por lo que resaltó que, en la independencia de sus facultades, el ente acusador podrá determinar el paso a seguir en este caso.
"Un juez no puede ordenar a la Fiscalía acusar, se trataría de una inaceptable intromisión a los roles que cada parte que asume en el sistema penal, también sería una forma de lesionar el principio acusatorio por el cual se construye el modelo procesal vigente, de lo que se concluye que el acto de acusar es como lo ha denominada la unidad especializada un monopolio explosivo del Estado delegado a la Fiscalía", mencionó el magistrado Carlos Andrés Guzmán.
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Según el Tribunal, la Fiscalía planteó entre sus argumentos para solicitar la preclusión del caso "la ausencia de intervención por parte de Uribe Vélez en los hechos investigados".
El magistrado a cargo de este caso señaló que para acceder a una solicitud de preclusión la jurisprudencia es clara: "El estándar probatorio es muy exigente, ya que no debe existir duda de esa situación (...) o que ya la investigación fue decantada hasta el máximo racional".
El caso empezó hace casi una década, cuando Uribe presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda y Piedad Córdoba por presuntamente haber pedido a varias personas que testificaran contra el expresidente a cambio de beneficios.
El proceso dio un giro cuando el exmandatario pasó de ser denunciante a denunciado porque, según la Corte, los hechos habrían sido al revés, pues el entonces senador, por medio de su abogado, Diego Cadena, habría presionado a testigos.
En 2020, el magistrado César Reyes ordenó que Uribe Vélez cumpliera con prisión domiciliaria mientras avanzaba la investigación, pero el entonces senador renunció a su curul, por lo que el proceso pasó a manos de la Fiscalía. El ente acusador, tras realizar el proceso de indagación, concluyó que no hay méritos ni pruebas suficientes para continuar con la investigación, por lo que se inició el largo camino para archivar el caso por solicitud del organismo.
En una primera oportunidad, la juez encargada determinó que el caso debía seguir avanzando, por lo que rechazó la solicitud de la Fiscalía, ante lo que se generaron críticas políticas contra la funcionaria.
Luego de esta medida, el organismo volvió a presentar la misma solicitud para precluir el caso contra el exmandatario, por lo que luego de varias semanas de escuchar las pruebas del fiscal delegado ante la Corte Suprema, determinaron nuevamente no aceptar la preclusión pedida por la entidad.
Los magistrados dejaron en claro que esta decisión no admite ningún recurso de apelación, sino que el expediente será regresado al juzgado de origen para que reciba y procese las decisiones que tome el ente acusador.
Ante esta decisión, la Fiscalía General deberá revisar nuevamente el caso y realizar las valoraciones probatorias debidas y decidir si llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe o si por el contrario nuevamente solicita que el caso sea precluido.
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Para el Tribunal Superior de Bogotá el testimonio rendido por parte del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve es confiable y por ello, no comparte el argumento de la Fiscalía durante la apelación en el sentido de que sean atípicas sus afirmaciones.
Los señalamientos que aparecen a lo largo del proceso parten de la hipótesis de que supuestamente Uribe Vélez envió a su abogado Diego Cadena a varias cárceles del país con el objetivo de conseguir testimonios de presos que lo favorecieran y así poder quitarse de encima los supuestos vínculos de él con el paramilitarismo.
En el curso de este proceso que abrió hace cinco años la Corte Suprema aparecen, entre otros mencionado varios exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, Enrique Pardo Hasche y la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño.
