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La Fiscalía Genera de la Nación acusó de manera formal ante un juez al candidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar por estar presuntamente implicado en el direccionamiento de millonarios contratos que tenían por objetivo el desarrollo lúdico de menores de edad, cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta (Magdalena) durante el periodo 2012 – 2015.
Ante los hechos investigados el exmandatario fue señalado de cometer los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía el líder político supuestamente direccionó el contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, en contravía de las normas vigentes.
Estas presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen a Caicedo Omar generaron un posible detrimento a las finanzas de la ciudad.
Para los fiscales en ejercicio de sus funciones como alcalde de Santa Marta tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor que ascendió a los 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses.
"Los elementos materiales probatorios indican que en la fase precontractual presuntamente pidió que fuera contratado mediante prestación de servicios un arquitecto específico para que elaborara los diseños del proyecto", dijo la Fiscalía.
Sin embargo, los investigadores establecieron que los productos presentados por el profesional fueron incompletos, no contemplaron paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.
En el marco de las labores judiciales se estableció que en cambio el entonces alcalde recibió a satisfacción el contrato y dispuso el pago total de la obligación.
Adicionalmente, en el proceso de contratación no se coordinó ni concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) las normas técnicas y los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la implementación de espacios para la primera infancia.
"Finalmente, la construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas fue confiada al único proponente que se presentó a la licitación", indica el expediente de la Fiscalía.
Los fiscales también detectaron que durante la etapa de ejecución se presentaron múltiples imprevistos, ya que no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural.
Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismo resistencia.
"Para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron once otrosíes y adiciones por 4.534 millones. Diez años después el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94%, sin ser entregadas en su totalidad", enfatizó a Fiscalía.
