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La FM conoció en primicia que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González como protagonista del escándalo de corrupcion en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La decisión fue adoptada a través de un fallo deja de 23 páginas de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema y con ello, queda en firme la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.
En la decisión se concluye que no es cierto que tampoco el juez constitucional de primer grado, haya transgredido la presunción de inocencia de Carlos Ramón González al aseverar que el exsenador Iván Name “aceptó haber acordado con el exdirector del Dapre la entrega de una coima”.
Según la Corte Suprema “tal cita se hizo en el contexto de las razones que tuvo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”.
¿En qué consiste la acusación de la Fiscalía?
Las investigaciones por este entramado de corrupción, están siendo lideradas por la Fiscal Novena delegada Ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño y el fiscal 11 delegado Ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval y otros fiscales especializados en delitos contra la administración pública.
En el escrito de acusación, los fiscales delegados señalan a Carlos Ramón González como supuesto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según el fiscal delegado, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se reunió con Olmedo López en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño, y como director del Dapre, le ordenó al entonces director de la UNGRD que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció que en atención a la insistente exigencia de recursos por parte de Name y Calle, Carlos Ramón González le dio instrucciones a Olmedo López de entregarles, con el mismo fin, coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos a ambos congresistas, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Name y Ortiz eran parte del partido Alianza Verde, del que González fue presidente. Calle, por su parte, era liberal. Al parecer, el exmilitante del M-19 buscaba torcer los trámites de varias reformasde la administración del presidente Gustavo Petro para que el Congreso no las archivara.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exmilitante del M-19. El Ejecutivo colombiano ha negado estar detrás de la petición.
El régimen de los Ortega Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguran que González es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por persecución política.
