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Una nueva política de seguridad, bajo el concepto de 'seguridad humana', fue una de las banderas con las cuales Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en 2022.
Según explicó su primer ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando recién se posesionaba en el cargo, dicha política incluía la suspensión de bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales en los que pudiese haber menores de edad.
“Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que, como una directriz absoluta, se pueda disponer. Pero hacia allá es que tenemos que tender”, dijo en su momento el entonces jefe de cartera.
El exministro Velásquez agregó que los menores reclutados por grupos criminales son víctimas del conflicto, “por lo tanto, toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no puede poner en peligro la vida de estas víctimas de la violencia".
Sin embargo, con el pasar del tiempo, el Gobierno ha girado lentamente su postura. De hecho, el primer bombardeo se efectuó en julio de 2024, aunque no tuvo objetivos humanos, sino despejar un campo minado para que la Fuerza Pública pudiera entrar a un campamento del frente Carlos Patiño de las disidencias, en la región del Cañón del Micay (Cauca).
Desde ese entonces se han ejecutado en total 12 bombardeos contra dos estructuras en específico: las disidencias de Iván Mordisco, conocidas como 'Estado Mayor Central', y el Clan del Golfo, los dos grupos que más se han opuesto a la política de paz total del presidente Petro y que han logrado aumentar su presencia en el territorio nacional junto con el ELN.
Pero ninguno de esos bombardeos resultó tan polémico como el del pasado jueves 13 de noviembre en Calamar (Guaviare), que buscaba darle de baja a alias Antonio Medina, uno de los hombres de confianza de Mordisco, porque resultó en la muerte de al menos siete menores de edad. Cabe mencionar que aún se desconoce si el cabecilla fue abatido.
El cambio de discurso del Gobierno
Luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara la muerte de siete menores en ese bombardeo, lo que puso en tela de juicio el cumplimiento del DIH por parte del Gobierno, el presidente Petro aseguró durante una ceremonia de ascensos de la Policía que los bombardeos “siempre tienen un riesgo” y que si la inteligencia falla “puede caer sobre personas menores de edad”. “Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial. Soy yo el que toma la decisión”, dijo.
Además, en su cuenta de X justificó el ataque asegurando que “Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían también ser emboscados o contraemboscados. Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado y la sociedad”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue más allá, y contrario a lo que expresaba en su momento Iván Velásquez, expresó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.
Ese discurso marca un cambio radical en la política de seguridad con la que arrancó el gobierno, cuando el trato que se le daba a los menores de edad era el de víctimas del conflicto. Además, también contradice la postura que defendía el presidente Petro en su etapa de senador durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), cuando criticó fuertemente las operaciones militares en las que murieron menores de edad.
