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La representante Katherine Miranda expuso en La FM las razones por las cuales impulsa una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, basándose en sus declaraciones sobre el bombardeo en Guaviare y en lo que calificó como dudas frente a los criterios utilizados por el Gobierno para autorizar la operación.
¿Por qué se plantea una moción de censura al ministro de Defensa?
Miranda afirmó que los hechos “ameritan una moción de censura”, al señalar que tanto el pronunciamiento del ministro como el del presidente generan interrogantes sobre la operación. Según dijo, el presidente “justifica el bombardeo cuando se conoce que allí hay niños” y el ministro afirmó que “el estatus del combatiente no lo da la edad, sino la función”. Para la congresista, este tipo de declaraciones obliga a activar el mecanismo constitucional.
La representante recordó antecedentes de mociones de censura en las que, aunque no hubo votación final, sí se produjo la salida de ministros. Relató que en el caso del exministro Guillermo Botero “renunció antes porque los votos no los tenía el gobierno” y que la ministra Karen Abudinen “tuvo que renunciar previo a la votación”. Sostuvo que estas experiencias muestran que el mecanismo cumple un propósito político y funcional dentro del Congreso.
Miranda también señaló que, en su criterio, el Gobierno ha debilitado la acción de la Fuerza Pública. Afirmó que no se han realizado “las operaciones debidas ante los determinados grupos armados” y contrastó el uso de bombardeos con la política de paz total. Indicó que en 2022 se reportaron 33 niños reclutados, mientras que el año pasado la cifra superó los 400 niños reclutados, lo que atribuyó a una “ausencia de funciones del Estado” frente a la expansión de estos grupos.
¿Qué cuestionamientos plantea Miranda sobre el derecho internacional humanitario?
La congresista enfatizó en los principios del derecho internacional humanitario, asegurando que son exigibles en todas las operaciones militares. Cuestionó que, según dijo, el ministro afirme que la condición de combatiente depende de la función y no de la edad. “Esto es jurídicamente falso e incompatible con el derecho internacional humanitario”, sostuvo, al explicar que un niño “nunca adquiere estatus combatiente, ni directa ni indirectamente”.
Miranda argumentó que el comunicado del Ministerio de Defensa no demuestra cumplimiento de los principios de distinción, precaución y verificación previa. Aseguró que no se evidencia cómo se estableció la presencia de menores ni qué medidas se adoptaron para evitar daños a civiles. Añadió que la necesidad de que Medicina Legal determine la edad de las víctimas “indica una ausencia de certeza previa” sobre la composición del campamento.
La representante dijo que existe “incoherencia” en la postura del Gobierno actual frente a estándares que, según recordó, el entonces senador Gustavo Petro exigía en administraciones anteriores. Aseguró que, si se promovieron mociones de censura por hechos similares en el pasado, la coherencia obliga a hacer lo mismo en este caso. También mencionó que, de acuerdo con las reglas citadas del Comité Internacional de la Cruz Roja, los niños tienen “protección especial incluso si participan en hostilidades”, lo que refuerza la necesidad de rigor en las operaciones militares.
