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En agosto de 2009, Ruby Corredor Ruiz, quien trabajaba como asesora del Ministerio de Justicia, compró un apartamento en el conjunto residencial Altos del Retiro, ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá.
Ruiz, según los documentos, participó en una puja para la compra de este lujoso apartamento en una de las subastas que realizaba la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Para adquirirlo presentó varias ofertas para competir con los otros interesados.
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El último día de la subasta, la asesora del Ministerio presentó una oferta de 1.503 millones de pesos. La cual, poco tiempo después, fue redondeada a $1.600, superando así –y por mucho- las ofertas de los otros interesados.
En 2010, se registró el traspaso del apartamento al senador Armando Benedetti quien –curiosamente- ya había aparecido relacionado con este inmueble pues se había encargado de pagar la administración en el año 2009.
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Diez años después, es decir en 2019, la Fiscalía General abrió un proceso penal por lo que consideró una serie de irregularidades en la compra del apartamento, así como el traspaso del bien inmueble al congresista quien para ese momento hacía parte del partido de ‘La U’.
Para el ente investigador se trató de un negocio con un “origen ilegal” puesto que Ruiz no contaba para ese entonces con los recursos para adquirir el apartamento, además no pudo justificar la existencia de un préstamo para participar en la puja.
A todo esto, se le suma el hecho que el senador habría pagado una cifra muy inferior al valor original, yendo en contravía de la lógica del mercado inmobiliario. Además del extraño proceso exprés de traspaso.
La exasesora del Ministerio fue procesada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares de los cuales se declaró inocente. En febrero del 2020 la Fiscalía General la llamó a juicio.
No fue hasta marzo de 2021 que el senador fue vinculado a la investigación mediante la citación a una indagatoria por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.
Benedetti –según la citación de la Corte- no habría podido justificar un supuesto incremento patrimonial de $2.919 millones de pesos, así como varias adquisiciones en los años de 2002 y 2018.
La magistrada Cristina Lombana, quien lleva el caso, asegura que tras revisar y hacer un cruce entre los documentos aportados por la Dian y lo que habría ganado Benedetti como congresista –sumando las primas- no cuadran las cifras.
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En su indagatoria rendida el pasado 26 de abril el senador –quien ya hacía parte del movimiento de Gustavo Petro- aseguró que todo su patrimonio ha sido obtenido de manera legal. Para esto presentó los registros de sus actividades, cuentas bancarias e inversiones.
Mientras respondía las preguntas de la magistrada Lombana el senador lanzó varias pullas asegurando que este proceso no es más que una persecución política en su contra.
El caso contra Benedetti sumó un nuevo capítulo este lunes cuando, en su cuenta de Twiiter, informó que se iba a presentar ante la Fiscalía General luego de conocer que existía una orden de captura en su contra.
Tras la publicación la misma Corte Suprema tuvo que salir a desmentir la existencia de una orden de captura. Por el momento no se ha definido la situación jurídica del senador.
