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El crimen de la fiscal especializada de Tibú, en Norte de Santander, Esperanza Navas, registrado el miércoles en la sala de su casa, causó el rechazo de autoridades, comunidad y defensores de Derechos Humanos.
La investigación por el caso de la fiscal primera seccional Tibú, quién tenía más de 400 procesos penales por cultivos ilícitos, rebelión, homicidios dolosos y culposos, ya avanzan en las pesquisas, según afirmó en el bunker de la Fiscalía en Cúcuta, el fiscal general, Francisco Barbosa.
"Tenemos varias hipótesis, todas evaluadas por el equipo técnico de investigadores. Pronto tendremos resultados. La primera hipótesis es que su muerte puede haber sido ocasionada por la labor que desempeñaba como fiscal. Otra, se refiere a unos patrones de muertes de mujeres en Tibú. La tercera, es la que tiene que ver con la conflictividad que hemos venido observando entre el ELN y las Farc del frente 33", dijo Barbosa.
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De otra parte, el Fiscal General indicó que espera tener pronto a los responsables frente a las autoridades. “La Fiscalía no va a dejar de aplicar la justicia en esa zona del país. Llamamos a la colaboración ciudadana con las autoridades de lo contrario será muy complejo", agregó.
Por su parte, Luisa Obando, delegada de seguridad ciudadana, manifestó sobre la investigación que se desarrolla que, "se ha logrado constatar que no estaba trabajando en casos con un nivel elevado de riesgo, ya que habían sido trasladados a Cúcuta debido a la complejidad de los mismos”.
De igual forma, manifestó que en los avances de los casos judiciales en la región, ya hay dos casos resueltos con relación a los homicidios de mujeres, por parte de las disidencias del frente 33 de las Farc, y relacionan directamente el nombre de Mocho Olmedo cabecilla de este grupo al margen de la ley.
Finalmente, se llevó a cabo la visita de la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, mientras que el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar los hechos violentos en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Tibú.
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De la reunión se llegó a siete conclusiones, de ellas se destaca la de un nuevo consejo extraordinario de seguridad en Tibú, en 15 días, una recompensa de hasta $50 millones para quien dé orientación que permita a las autoridades identificar a los responsables de ocho asesinatos de mujeres y la creación de un comité de policía judicial, entre autoridades, que permita rápidamente la colaboración interinstitucional para investigar los crímenes.
