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El senador Armando Benedetti presentó una recusación contra la magistrada Cristina Lombana, quien lleva la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el congresista, con la recusación se suspende el proceso hasta que el recurso se resuelva, mientras agregó que lo presentó porque al parecer la magistrada no ha tenido en cuenta las pruebas que tiene ante las investigaciones en su contra.
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Lo último que ha sucedido en ese caso es que el despacho de la magistrada citó a ampliación de indagatoria al senador, pero esa diligencia se aplazó porque el abogado de Benedetti pidió revisar unos documentos contra su cliente.
Las investigaciones contra el congresista se desprenden de unas denuncias por un supuesto incremento sin justificación de $2.919 millones de pesos en su patrimonio, entre 2002 y 2018.
Benedetti ya ha presentado pruebas ante la Corte para desvirtuar las denuncias en su contra, entre las que se encuentran documentos sobre la trazabilidad bancaria de sus cuentas, préstamos y cheques de gerencia que según él, soportan sus ingresos.
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El senador ha asegurado que el informe judicial en manos de la magistrada Lombana tendría grandes errores, porque al parecer no cuenta con los ingresos del senador que no son por concepto de su salario desde 2004, como las cesantías, la reposición de votos, préstamos bancarios, otro tipo de préstamos, arriendos y los dineros del Fondo de Empleados del Congreso (Feassec).
Otro de los aparentes errores que tiene le informe de Policía Judicial en manos de la magistrada, tiene que ver con el cambio de su actividad económica en la DIAN, según la defensa del senador.
Hace unos días la sala civil de la Corte Suprema negó una tutela que presentó en senador en la que afirmaba que el despacho de la magistrada supuestamente estaba violando sus derechos al debido proceso y a la defensa.
En el escrito decía que "el “rumbo investigativo” adelantado en su contra es incorrecto, pues el mismo se ha encaminado a establecer “un incremento patrimonial” que no tiene relación con su función de “Senador de la República”, por tanto, es evidente que la conducta a él endilgada “realmente es atípica situación que quebranta sus derechos al “buen nombre y honra”.
Sin embargo, la tutela no prosperó no solo porque para la Corte fue improcedente, sino porque el proceso en su contra no ha culminado.
“Como quiera que el proceso penal adelantado en contra del actor se halla en curso, pues obsérvese que no se ha dictado la sentencia que debe decidirla, y ni siquiera se ha calificado el sumario ya sea con decisión de preclusión o resolución de acusación”, dijo esa sala en su decisión.
