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La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela y los representantes de las víctimas acreditadas en el proceso solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá prorrogar por 30 días más el plazo para presentar el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el que buscan que sea revocado el fallo en el que se le absolvió de todos los cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La petición de la representación civil de las víctimas fue realizada por los abogados del senador Iván Cepeda; el exfiscal y exministro de justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Por medio de un escrito de cinco páginas, la fiscal delegada argumentó lo extenso del expediente y la complejidad del proceso penal y por ello, la necesidad de tener un poco más de tiempo sustentar el recurso judicial con el que pretender revocar el fallo en segunda instancia.
“Esta funcionaria, como todos los servidores de la Fiscalía, no cuentan con la posibilidad de dedicarse a un solo caso; por el contrario, en el transcurso de los días, que se han ido descontando de los 30 iniciales, he estudiado y formulado imputaciones, tengo pendiente formular otras en dos casos, asistir a sesiones de juicio en dos procesos distintos, dos sustentaciones de recursos de casación”, indicó la fiscal Orjuela.
En el marco de la casación la fiscal delegada insistirá en que contrario a lo señalado por el Tribunal sí existió una conducta sistemática, dolosa y concertada para obtener declaraciones falsas mediante sobornos, entregas dinerarias y promesas de beneficios con el propósito de favorecer procesalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Cabe recordar que en la recta final del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía aseguró que supuestamente bajo la directriz del exmandatario el abogado Diego Cadena valiéndose de testimonios mendaces de detenidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá, sustentó el 27 de junio de 2018 un memorial de demanda con el que buscaba el desarchivo de la investigación contra el senador Iván Cepeda.
También, señaló que las pruebas demostrarían que supuestamente el expresidente Álvaro Uribe estuvo plenamente informado en tiempo real del operativo de recolección irregular de las cartas de tres internos de la cárcel de Combita, Boyacá, con la que se buscó desarchivar el proceso contra el congresista Cepeda.
Por su parte, el Tribunal concluyó que no existieron pruebas suficientes que demostraran la existencia de un plan criminal ni de instrucciones directas del exmandatario a su abogado para efectuar ofrecimientos económicos.
El Tribunal concluyó en su momento que no hay evidencia documental, testimonial ni pericial que sustente la responsabilidad del exmandatario en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En consecuencia, se dejó sin efecto la condena impuesta en primera instancia y se dispuso la anulación total de la sentencia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
