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El terremoto político que ha desatado Aida Merlano con sus declaraciones ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene algunas situaciones que ya se conocían en su sentencia y, otros que en realidad quedan desdibujados, de acuerdo a los hechos probados que terminaron condenando a la congresista con una sentencia confirmada de la propia Corte.
Hay que empezar por las menciones a Arturo y Alejandro Char en la sentencia. La mención de Arturo Char es una; a Alejandro Char no se le menciona ni una sola vez en las 200 páginas de sentencia, aunque el "clan Char" o la "familia Char" son palabras recurrentes. Merlano fue condenada por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego y municiones en 2019.
En una parte de la sentencia se menciona el nombre de Arturo Char con un contexto previo. “La mecánica utilizada para la compra de votos, afirmó el testigo, incluía la retención de la cédula de ciudadanía en el “comando” a los sufragantes que no eran confiables, a quienes se les retornaba una vez verificado que se habían zonificado en el lugar requerido y que votarían por la candidata. Actividad realizada con el conocimiento de la incriminada quien daba las charlas importantes y estaba pendiente de su negocio. Ella no deja que las otras personas actúen como rueda suelta”, dice la sentencia.
Más adelante, el documento explica cómo funcionaba el grupo de Merlano dedicado a la estrategia de compra de votos en la que se pagaba 35.000 pesos por cada elector, que se aseguraba con 15.000 pesos antes. "Era igualmente conformado por otros coordinadores y líderes (aproximadamente 2000 personas) encargados de la consecución de votos y zonificación de sufragantes, los didactas por su parte arrendaban casas de apoyo destinadas a enseñar a votar a los lectores y los punteadores, quienes realizaban el conteo de votos en la campaña”.
La investigación de la Corte interrogó al jefe de la campaña al Congreso de Merlano, Rafael Rocha Salcedo, quien había trabajado con ella en 2015. Rocha narró que comprendió muy rápido que no era a través de votos como se ganaba una elección, sino que la acusada y el grupo que la apoyaba tenían constituida una verdadera “empresa electoral” para la compra de votos. En varias oportunidades afirma, y aquí viene el nombre de Arturo Char, tuvo reuniones con ella y llegó al grado de confianza de enterarlo de la forma como se hacía política en la costa, del apoyo financiero que recibía del empresario Julio Gerlein Echavarría, y de las alianzas que tenía con varios políticos, entre ellos el clan char, quienes apoyarían a Lilibeth Llinás en su aspiración a la Cámara de Representantes.
En concreto hizo referencia a una reunión que tuvo lugar a finales de octubre de 2017 en la sede política de la acusada, con participación de ella y Arturo Char. “Allí se concretó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos para que la aforada llegara al Senado y a la Cámara de representantes, Lilibeth Llinás”.
Las armas
“Es que a mí me pusieron una trampa en la sede política, me plantaron armas, certificados electorales y municiones para hacer ver que yo era líder de una organización criminal y tenerme presa 15 años”. Esta es una frase de una respuesta de Merlano a la revista Cambio en su entrevista.
Lo cierto es que la sentencia que condenó a Merlano resolvió rápidamente esa controversia establecida por la defensa de la ex congresista en el juicio. La Corte encontró que había varios miembros de la campaña que se paseaban por la famosa "Casa Blanca" exponiendo armas y cartuchos mucho antes de que se realizara el operativo ordenado por la Fiscalía.
“A las 11:06, se observa a personal de la campaña de la acusada movilizarse al interior del inmueble- cocina y garaje- portando un arma de fuego. Igual suceso se registra a las 11:07 am, se ve a un hombre dentro del inmueble portando la escopeta, luego la carga y juega con ella”, se lee en el fallo.
La Corte concluyó que el supuesto plante de armas que todavía Merlano señala hoy basada en un video de la cámara de seguridad de la cocina, es absolutamente falso.
“Se observa a uno de los integrantes de la campaña política esconder en un cajón inferior de un mueble de la cocina una bolsa rosada con blanco que después es encontrada por el policial al que se refiere Vanesa Merlano Rebolledo, “plantó” la evidencia, cuando es lo cierto que estaba allí antes de que el uniforme la ubicara y la regresara al mismo sitio para posterior embalaje. En consecuencia, no cabe duda acerca de la legalidad del allanamiento y de la autenticidad de los elementos y documentos encontrados al interior del inmueble”.
Esta es finalmente una frase más que Merlano señala en la entrevista de Cambio.
“Todos salieron a tratarme de bandida sabiendo que yo era una mujer honorable. Yo soy incapaz de robarme un solo centavo de la nación. El dinero que tengo lo trabajé yo. A mí sí me dieron regalos. Porque fui, no amante, sino mujer de dos hombres poderosos y millonarios”.
En la sentencia de la Corte, la mujer honorable incapaz de robarse un solo centavo de la nación, no parece la misma.
Una testigo relató al tribunal: “Dos o tres días antes de las elecciones, la acusada se reunió en la sede de su campaña con Julio Gerlein Echavarría, Edwin Martínez Salas y Adriana Blanco. Pasado un tiempo la vio salir disgustada afirmando que Julio sólo había conseguido seiscientos millones, de los dos mil millones de pesos que se había comprometido a entregar para terminar de comprar la votación”.
Los videos de seguridad de casa blanca, el centro de operaciones de la empresa criminal de compra de votos, muestran a Merlano diciendo:
“Es que ese hijueputa a lo bien, ya el debate me lo bajó a 1.300 según él, o sea no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos, no pagamos, tu crees que yo voy a dejar de pagarle a los líderes…Pa cerrar el debate necesito 2300, nosotros terminamos gastando la mitad, es correcto. Pero por mucho que quiera ahorrar, ahorrar, esa vaina no baja de 1.500 millones. No baja”.
Lejos de parecer una mujer honorable, Merlano hablaba de supuestos 2.000 millones de pesos prometidos por Julio Gerlein para su campaña que fueron reducidos a 600 millones. Ese dinero era para financiar las casas de apoyo, los líderes y la logística de la compra de votos, lo que para la Corte significó que Merlano era una delincuente culpable de delitos puntuales.
Aunque está demostrada la relación de Merlano con las familias más poderosas del Atlántico, hasta ahora no se conocen las evidencias de su relato sobre un supuesto secuestro y violación, luego de su fuga. Tampoco los soportes de los apoyos que dice que recibió; especialmente 500 millones de pesos de parte de Álex Char.
