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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó fortalecer las medidas para proteger la vida e integridad de los excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz. Esto teniendo en cuenta “la grave condición de seguridad” de los firmantes en varias regiones.
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En una comunicación, la JEP señaló que se debe garantizar la vida y seguridad de los exguerrilleros de las Farc con el fin de proteger el derecho de las víctimas a la obtener la verdad sobre los hechos del conflicto armado.
El tribunal especial de paz le pidió a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que presenten un informe sobre las medidas que han tomado para proteger la integridad de los firmantes.
Para la JEP existen varios registros de amenazas contra su vida y sus bienes, extorsiones, intimidaciones, estigmatizaciones, atentados, seguimientos, entre otros. Con estas acciones se busca el desplazamiento de los exguerrilleros de los Centros de Reincorporación y Normalización donde se encuentran.
Debido a estas presiones, varias familias se han visto obligadas a abandonar los Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) quedando expuestos a una situación muy grave de vulnerabilidad que poner en riesgo su dignidad humana.
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Frente a estos hechos pidió que se tomen medidas efectivas para protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia.
En el documento se deberán precisar si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los firmantes del Acuerdo que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias.
Por su parte, el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia deberán informar sobre las actuaciones realizadas para lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en todo el territorio nacional. Estas solicitudes hacen parte del cumplimiento de las medidas cautelares colectivas que tienen como objetivo proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP.
