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La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación preliminar en contra de todos los ministros que firmaron el decreto de la consulta popular del Gobierno Nacional, en virtud de una queja presentada por varios ciudadanos.
El ente disciplinario también interviene en dos procesos que se siguen en el Consejo de Estado contra el acto de votación del Senado de la República del pasado 14 de mayo de este año que rechazó la solicitud de esta iniciativa. Sin embargo, pese al fuero disciplinario que cobija a los ministros del gabinete, esa indagación, según señaló el órgano de control, la tramita la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.
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Sin embargo, este decreto, firmado oficialmente por el presidente Petro la tarde del 11 de junio, no fue firmado por todos los ministros que son titulares de las distintas carteras. Entre los que prescindieron su firma se encuentran, la canciller, Laura Sarabia, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada, y el recientemente nombrado ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre; quien en las últimas horas ha dado de qué hablar tras sus declaraciones donde afirmó que presidente Petro tuvo todas las facultades constitucionales ante la denominada "Excepción de Inconstitucionalidad".
La oposición, que había amenazado con acudir a los tribunales contra el decreto de la consulta popular, ya empezó a presentar demandas ante el Consejo de Estado. Entre ellos, la senadora, Paloma Valencia, quien también lo hizo por la comisión de la presunta conducta de prevaricato en contra de los que firmaron.
"Vamos a radicar demanda contra del Decreto 639 de 2025, a través del cual el presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones", manifestó la senadora.
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De hecho el precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien hoy lucha por su vida trae sufrir un fuerte atentado, también había anunciado medidas penales contra los ministros que firmaran.
El Ministerio Público ha señalado que actuará, dentro de sus atribuciones, en todos los procesos judiciales que puedan iniciarse contra ese decreto. Por otro lado, indicó que también se se tomará la atribución de garantizar el respeto por la Constitución Política y el respeto por el principio de independencia de los poderes
Finalmente, el órgano de control reiteró su llamado a toda la ciudadanía y a las autoridades para acatar y obedecer los pronunciamientos judiciales que lleguen a proferirse con ocasión del decreto 639 de 2025.
