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Los dos abogados que asumieron la defensa de la hija de la excongresista Aida Merlano, sindicada de ser presunta cómplice de la fuga de la excongresista, renunciaron a seguirla apoderando.
Así lo confirmaron a través de sus cuentas de Twitter los abogados penalistas Andrés Felipe Caballero y Harold Vega Gazabón.
“La bancada de defensores de Aida V. Merlano ha decidido presentar su renuncia conjunta al poder conferido dentro del proceso penal de público conocimiento”, dijo el abogado Caballero.
El jurista señaló que confía plenamente en la inocencia de Aida Vitoria Merlano Manzaneda y espera que quien la represente logre mantener incólume la presunción que la cobija.
A su turno, el abogado Harold Vega indicó: “Sin duda alguna la satisfacción más grande que puede sentir un abogado defensor es lograr que una persona inocente recobre su libertad”.
Este abogado argumentó su decisión al señalar que en ocasiones se presentan incompatibilidades, entre defensor y defendido, sobre la forma de abordar un proceso penal.
“Por ello hemos decidido presentar nuestra renuncia a continuar ejerciendo la defensa de Aida Victoria Merlano Manzaneda, mujer llena de valores, cuya libertad y buen nombre oramos continué indemne como persona inocente que es”, dijo el abogado Vega.
Es de recordar que el 8 de octubre pasado, la juez 12 de control de garantía de Bogotá negó la petición de la Fiscalía de enviar a prisión a Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, y al odontólogo Javier Guillermo Cely, quien atendió a la exrepresentante a la Cámara en su consultorio momentos antes de que esta se fugó a las autoridades penitenciarias.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento tanto la defensa como la Procuraduría General señalaron que no había elementos de juicio suficientes para mantenerlos privados de la libertad.
Al valorar los argumentos, la juez del proceso concluyó que la libertad es un derecho fundamental y señaló que la sola gravedad de las conductas imputadas no es suficiente para ordenar una medida de aseguramiento privativa de la libertad y justificó su decisión de primera instancia, en que la propia Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el tema en ese sentido.
