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El gobierno de Brasil “fracasa” en la protección de los defensores del medio ambiente, favoreciendo el avance de redes criminales que destruyen la Amazonía, afirmó Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este martes.
La impunidad y reducción de fiscalización ambiental contribuyen a la deforestación de la mayor selva tropical del mundo, sostiene la organización en su informe titulado “Mafias del lapacho”.
Según cifras oficiales, la deforestación de la Amazonía brasileña prácticamente se duplicó entre enero y agosto, pasando de 3.336,7 km2 en ese periodo de 2018 a 6.404,4 km2 este año, el equivalente a 640.000 canchas de fútbol.
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La destrucción de la Amazonía “es impulsada en gran parte por redes criminales que emplean la violencia e intimidación contra quienes se colocan en su camino”, denunció HRW, que instó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a parar “sus ataques verbales y acusaciones sin fundamento” a las oenegés y “restablecer la cooperación” entre el gobierno y la sociedad civil para proteger a indígenas, defensores del medio ambiente y a la selva.
“Las redes criminales tienen capacidad logística de coordinar la extracción, el procesamiento y la venta de la madera a gran escala, mientras emplean hombres armados para intimidar y, en algunos casos, ejecutar a quienes buscan defender la selva”, afirmó la organización.
Brasil es el cuarto país con más homicidios de defensores del medio ambiente, según el informe publicado en julio por la oenegé Global Witness, que contabilizó 20 muertes en el país por esta causa en 2018.
HRW observa “retrocesos” en la gestión ambiental de Bolsonaro, un excapitán de ultraderecha que defiende la reducción de tierras indígenas y la explotación comercial de la selva tropical.
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El informe critica que el presidente de Brasil nombrara un canciller que tilda el cambio climático como “una táctica globalista”, amenazó con retirar al país del Pacto de París y redujo el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, además de debilitar su estructura operativa y dejarlo en manos de un ministro acusado de crimen ambiental.
“Los responsables de la violencia raramente son llevados ante la justicia”, dice HRW. En muchos de los casos, agrega, las denuncias de amenazas ni siquiera son investigadas por la policía.
“Mientras Brasil no adopte medidas urgentes contra la violencia que facilita la extracción ilegal de madera, la destrucción de la mayor selva tropical del mundo continuará desenfrenada”, afrimó Daniel Wilkinson, director de derechos humanos y medio ambiente de HRW.
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