La Sección Tercera del Consejo de Estado tumbó una millonaria condena contra la Nación por la privación injusta de la libertad de seis militares procesados por la retención ilegal y las torturas a tres civiles.
En el debate jurídico, la Sala determinó que la Fiscalía General actuó correctamente cuando abrió una investigación contra los uniformados por actos de tortura y secuestro, lo que conllevo a que estuvieran privados de su libertad mientras seguía el caso.
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Los militares fueron capturados en abril de 2007 señalados de cometer tortura, privación ilegal de la libertad y violación de habitación ajena por servidor público contra tres jóvenes a los que retuvieron para que declararan sobre un supuesto abuso sexual contra una menor de edad.
Sin embargo, en noviembre de 2008 un juez los absolvió y ordenó su libertad inmediata.
Con este fallo debajo del brazo decidieron demandar a la Nación, representada en la Fiscalía General, por los daños y perjuicios causados.
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En un principio, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió las pretensiones de la acción judicial y ordenó pagarle a los familiares de cinco de los seis militares más de 2.400 millones de pesos.
Sin embargo, tras resolver un recurso de apelación, el Consejo de Estado absolvió a la Fiscalía al considerar que pese a que la justicia penal no emitió sentencia condenatoria los procesados sí actuaron con la intención de generarle daño a las víctimas de la retención y las torturas, lo que condujo razonablemente a las actuaciones que dieron lugar a su captura y realizar su acusación.