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Más de once sindicatos de la Rama Judicial anunciaron que cesarán sus actividades durante 48 horas, que iniciarán este martes 25 y miércoles 26 de mayo, en respaldo al paro nacional contra el Gobierno.
Dichas organizaciones advirtieron que es grave la militarización de la protesta y la respuesta del Gobierno a las manifestaciones que se están desarrollando en el país, desde el pasado 28 de abril.
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Las agremiaciones que agrupan a los trabajadores de juzgados, tribunales y de la Fiscalía General de la Nación, denunciaron que en medio de las manifestaciones se han registrado asesinatos, desapariciones forzadas y otra clase de vulneraciones de Derechos Humanos que agravan la crisis social que atraviesa el país.
“Tras varios días de movilización ciudadana contra las políticas del Gobierno Nacional que han agravado la crisis social y económica del país, expresamos nuestra profunda preocupación por la respuesta inadecuada que la institucionalidad le ha dado a las demandas de la población,pues consideramos la ausencia de voluntad del Ejecutivo para concertarlas y la militarización de la protesta social (asesinatos, detenciones, desapariciones forzadas, lesiones a manifestantes)”.
También cuestionaron que tanto la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General de la Nación, no hayan manifestado su rechazo a este tipo de ataques y a la militarización de la protesta, pese a que en la Constitución Política de 1991 está el derecho a manifestarse pacíficamente.
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“La actitud complaciente y omisiva de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, y de la deshonrosa sumisión de las Altas Cortes y del Fiscal General de La Nación, colocan en grave riesgo la vigencia del Estado de Derecho, caracterizado por la sujeción de todas las autoridades a la Constitución y a la ley, cuyos fines esenciales son servir a la comunidad, garantizar los derechos ciudadanos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes”, precisaron los sindicatos.
En ese sentido, aseguraron que el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República y con el que se pretende reformar la ley estatutaria de justicia, no fue concertado con los trabajadores de la Rama Judicial.
En el comunicado, advirtieron que se requiere garantizar el acceso total y efectivo a la administración de justicia, e indicaron que esto se logra “mejorando la oferta de justicia, cambiando la estructura orgánica y las reglas de funcionamiento previstas en la Constitución Nacional”.
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Precisaron que debe establecerse el mérito como elemento determinante en la selección de los magistrados de las altas cortes, garantizando así la independencia judicial.
“Pues el desueto sistema de cooptación y las facultades de postulación y nominación de aquellas, del Congreso de la República y del Presidente de la República para escoger las cabezas de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación, han dislocado tales postulados y por el contrario, han incubado vicios de clientelismo, nepotismo, tráfico de influencias y corrupción que las han deslegitimado y han menoscabado la confianza de la sociedad”.
Finalmente, explicaron que se requiere que se amplíe la planta de personal en más de 4.000 cargos, para garantizar la descongestión de la justicia en Colombia.
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