La FM en Google News
La Fundación para el Estado de Derecho, una oenegé que en el pasado ya se ha opuesto a varias medidas del gobierno de Gustavo Petro —como la consulta popular o la resolución que fijó el aumento de la unidad de pago por capitación para este año—, interpuso una acción popular contra la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), el sistema de medios públicos.
El conglomerado de medios estatales, que actualmente gerencia el aliado Petro Hollman Morris, ahora se enfrenta a un proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 22 de agosto admitió la demanda y que en lo corrido de septiembre ha recibido varios memoriales respecto a la contratación de RTVC, que se estaría desviando de la misión de la entidad.
La demanda reprocha que RTVC recurra a convenios interadministrativospara escoger a dedo operadores privados que terminan cumpliendo labores que no estarían dentro de la finalidad de la Radio Televisión como sociedad. La Fundación ve a la práctica como un "vehículo de intermediación para eludir el régimen de selección objetiva", que sería más riguroso.
RTVC se comprometió con varias agencias gubernamentales a funcionar como una empresa logística. El año pasado suscribió un contrato interadministrativo con Colpensiones para, entre julio de 2024 y junio de 2025, prestar servicios "integrales" como "operador de jornadas para el diseño, producción y estrategia de acciones e iniciativas", lo que incluyó alquilar tarimas.
Puede leer: MinInterior, en la mira por millonarios contratos de RTVC para eventos culturales
El acuerdo con el fondo estatal de pensiones funciona, al menos en el expediente contra el sistema de medios, como un ejemplo de las tareas que RTVC debía cumplir aparentemente por fuera de su objeto social, como alquilar vallas, carpas, sillas, mesas y manteles, además de ofrecer alimentación. Para cumplir sus deberes, la entidad subcontrataba a terceros privados.
La planta de RTVC contaba en 2023 con apenas sesenta empleados frente a más de 1.800 contratos de prestación de servicios, lo que crea riesgos de relaciones laborales encubiertas. Según la Coordinación de Talento Humano del Sistema, que cita la demanda ante el Tribunal, ningún miembro de la planta se dedica exclusivamente a los convenios interadministrativos.
Según la Fundación, el patrón de contratación de Radio Televisión de Colombia vulnera la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia económica, porque la compañía gubernamental no estaría ofreciendo la publicidad adecuada para sus convenios, que a su vez estarían comprometiendo seriamente sus finanzas y promoverían los contratos a dedo.
Para RTVC, en cambio, el escenario es distinto. La defensa de la sociedad presentó un escrito de veintiocho páginas el 18 de septiembre argumentando que no ha cometido "corrupción, favoritismo indebido, desviación de poder" u "opacidad en la gestión". Tampoco, afirma, "existe evidencia de daño alguno al patrimonio público derivado de las contrataciones".
Vea también: ¿Masacre laboral en RTVC?
El principal blindaje jurídico con el que cuenta la compañía liderada por Morris es que su objeto social es "amplio", según describe en su escrito, lo que "le permite intervenir en todas las fases de la cadena de valor de contenidos multiplataforma de audio, video y digitales, así como contratar servicios conexos y logísticos indispensables para cumplir su misión".
Fabio Iván Afanador, magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, será el encargado de responder a la acción popular. El último documento que su despacho recibió fue, el 23 de septiembre, un pronunciamiento de la Fundación para el Estado de Derecho, que insistió en que el ente judicial le ordene a RTVC ser más transparente.
La Fundación, además, le solicitó al Tribunal una declaración de Fabián Romero, revisor fiscal de Nexia Montes & Asociados, la empresa que revisó los estados financieros de 2024 de RTVC. La demanda expresa reparos frente a la capacidad financiera del sistema, queel año pasado reportó ingresos de $363,7 millones, de los que quedó una utilidad de apenas $39,5 millones.
"Estas cifras reflejan márgenes operativos estrechos y una fragilidad persistente" en la sostenibilidad económica de RTVC, sostiene la demanda, que aspira a que el tribunal le ordene a RTVC "abstenerse de suscribir contratos interadministrativos cuyo objeto no guarde relación directa con su objeto misional" o que no pueda ejecutar con recursos propios sin terceros.
