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La Fiscalía General de la Nación reveló este jueves que la desmantelada red de ‘chuzadas’ telefónicas ilegales, a la que se vincula al general (r.) Humberto Guatiboza, habría interceptado celulares, chats y seguimientos a reconocidas empresas como Goodyear, Davivienda, Avianca, Argos, Incauca, Servientrega y Bayer, entre otras.
Durante la audiencia de legalización de captura de Guatibonza y otros dos detenidos en las últimas horas ( Carlos Arenas y Julián Villarraga), el ente investigador aseguró que existen 175 carpetas que contienen información de más empresas.
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La Fiscalía señaló, ante el juzgado Noveno con Función de Garantías de Bogotá, que la red de ‘chuzadas’ ilegales pedía entre 400 mil pesos y más de 4 millones de pesos para adelantar las interceptaciones.
"Igualmente estarían ofreciendo la posibilidad de controlar y acceder a las comunicaciones mediante mensajes de trasmisión de datos como son recuperar mensajes de WhatsApp con palabras claves de temas principales, seguimientos diarios en comunicaciones por WhatsApp (y) ubicaciones de equipos telefónicos en tiempo real", reveló el organismo.
Durante la audiencia, el juez noveno avaló las capturas del general (r) de la Policía Humberto Guatibonza Carreño, de Carlos Eduardo Arenas Valero y de Julián Villarraga, quienes son requeridos por las autoridades por su presunto vínculo con una red dedicada a interceptar comunicaciones.
La Fiscalía los señaló por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos agravado.
Según la investigación, Guatibonza estaría involucrado en una organización dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones que operaba en Bogotá, Ipiales (Nariño) y Cali.
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El escándalo se destapó a comienzos del mes de agosto, cuando la Fiscalía confirmó que fueron asegurados varios presuntos integrantes de la red dedicada a interceptar comunicaciones de manera ilegal.
El organismo logró acopiar material probatorio con el que se demuestra que quienes hacían parte de esta organización criminal, integrada en su mayoría por expolicías y ex militares, accedieron de manera ilegal a comunicaciones privadas.
Los operativos se desarrollaron en Ipiales (Nariño), en Cali (Valle del Cauca) y en Bogotá. Daban cuenta que los miembros de la red cobraban alrededor de 3 millones de pesos por cada actividad ilícita.
Cómo actuaban
En la audiencia de este jueves el fiscal Ricardo Martínez también explicó cuál era la manera de actuar de los investigados desde la zona de frontera con Ecuador y diferentes regiones del país.
Según el funcionario, desde las empresas JHS Consultores, HGC Consultores, Quarlom, Global Security, AYG y VIP Security Ltda se realizaron las interceptaciones ilegales.
"Al parecer estas empresas fueron direccionadas por parte de oficiales con cursos de inteligencia del Ejército Nacional y de la Policía Nacional y personas particulares, quienes durante su trayectoria profesional habrían adquirido destrezas para que de manera ilegal ofrecer estos servicios de interceptación ilegal", manifestó.
En la diligencia, el fiscal del caso señaló a los tres capturados por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático e interceptación de datos agravado.
Una de la ficha clave de esta organización sería la hacker María Lucía Pinzón, quien era la encargada de la parte técnica de las chuzadas. Aunque sólo fue mencionada se espera que sea quien prenda el 'ventilador' en este proceso.
