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El pasado 14 de enero una noticia judicial sorprendió al país en Cartagena. La presidenta del Concejo por el Partido Liberal, Gloria Estrada, fue capturada en el barrio Manga con dos personas más. Un retén de la Policía halló por lo menos un kilogramo de cocaína que hizo que la concejal fuese capturada para iniciar una investigación por tráfico de estupefacientes. De fondo había un hecho político y es que la camioneta de la concejal estaba llena de publicidad con el rostro del senador Lidio García, cabeza de lista del partido al Senado.
Semanas después la noticia tuvo que ver con la destitución de un grupo de patrulleros, uno de los cuáles participaron en el operativo. Para esta decisión no hubo explicaciones relacionadas con el caso. Sin embargo, la Unidad Investigativa de La FM obtuvo en exclusiva un documento que le da un giro a la historia.
Uno de los policías de Cartagena que estuvo en el retén y confirmó el hallazgo de cocaína en la camioneta de la concejal declaró que se trataría de un pago y un montaje previamente planeado.
La confesión con número de radicado en la Fiscalía de Cartagena en poder de esta emisora, demuestra un escándalo de corrupción electoral en el que podría estar involucrada la Policía de Cartagena. El patrullero confesó que un edil de la localidad 2 de la ciudad, le habría ofrecido 15 millones de pesos a él y otros compañeros para plantar la cocaína o armas en la camioneta en medio de un procedimiento rutinario de tránsito.
“La idea era distraer a ocupantes y montarles armas de fuego o droga para capturarlos y judicializarlos. Para esa diligencia había 15 millones de pesos por Policía”, dice el documento en poder de esta emisora.
Luego de que La FM alertó sobre la confesión y, solo hasta un mes después, la Policía y el general brigadier Nicolás Zapata, publicaron un comunicado confirmando que están investigando los hechos. Pero la confesión del patrullero tiene un elemento adicional importante.
“Por otra parte, también dejo de presente en esta denuncia que ya la SIPOL tiene conocimiento de estos hechos, así mismo mi general Nicolás Zapata también tiene conocimiento de los hechos”, agrega el documento.
La policía no reveló ninguna investigación previa sobre la posibilidad de que uniformados hubiesen participado en un hecho ilegal, solo hasta que este medio consultó de manera oficial.
Hoy se habla de un montaje y guerra entre políticos, específicamente entre Martín Barreto, contratista de la localidad tres, industrial y de la bahía y Pedro Aponte, edil de la localidad dos la Virgen y Turística, quien también funge como contratista.
Las diferencias entre Barreto y Aponte al parecer desataron este lio judicial, que vinculó por línea directa Estrada, a quien le fue imputado el delito de porte o tráfico de estupefacientes.
En medio de la investigación hay una batalla política. Fuentes consultadas aseguran que el edil de la localidad 2, Pedro Aponte, presentó problemas en la contratación de varios proyectos tras la llegada de Rafael Castillo Fortich al cargo de contralor distrital, quien ordenó, una vez posesionado, la suspensión del alcalde local de la localidad, Andy Reales, debido a un proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en su contra por presunto detrimento patrimonial por $ 6.785 millones en un contrato de una estación de aguas residuales en las poblaciones de Tierrabaja y Puerto Rey.
Tanto Martín Barreto como el edil Pedro Aponte han denunciado amenazas de muerte. El abogado Alfonso Montes logró que se le otorgara la medida de casa por cárcel a Barreto tras argumentar que su defendido es padre de familia que debe velar por su hija y, además, preserva su integridad a raíz de las amenazas de muerte que recibió en días pasados.
El contralor distrital Rafael Castillo Fortich, también denunció que habrían pagado dinero para acabar con su vida.
Autores: Santiago Ángel / Angélica Kassianis
