Ataque con drones deja una mujer gravemente herida en el Catatumbo en plena Navidad

Esta acción violenta se registra en medio de un cese al fuego anunciados por parte del Eln y Disidencias de las Farc.
La FM conoció que los 367 ataques registrados hasta la fecha, dejan 18 muertos, entre ellos un civil, 15 militares y dos policías.
Dron con explosivos. Crédito: Ministerio de Defensa

Una nueva acción violenta volvió a sacudir a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en plena celebración de la Navidad.

Este miércoles 24 de diciembre una mujer resultó gravemente herida tras un ataque con dron cargado con explosivos en zona rural del municipio de Tibú, en un corredor que comunica con El Tarra, una de las áreas más golpeadas por el conflicto armado en esta subregión del país.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer se encontraba al interior de su vivienda cuando fue víctima del lanzamiento del artefacto explosivo. El hecho ocurrió este martes 24 de diciembre, mientras muchas familias celebraban la Navidad en distintas zonas del país, lo que ha generado profunda preocupación entre las comunidades campesinas y líderes sociales del Catatumbo.

Olguín Mayorga, representante de las víctimas en Norte de Santander, denunció en diálogo con LA FM que los hechos de violencia contra la población civil no cesan, pese a los anuncios de paz y a los ceses al fuego promovidos por el Gobierno Nacional.

“Con mucho dolor tenemos que denunciar que no paran las acciones violentas contra la población civil. Mientras muchas familias celebran la Navidad, hoy 24 de diciembre una mujer que se encontraba en su propia vivienda fue víctima del lanzamiento de un dron”, afirmó.

Según explicó el líder social, el caso se conoció inicialmente a través de publicaciones en redes sociales, aunque hasta ahora no se ha confirmado con exactitud el punto donde ocurrió el ataque.

Sin embargo, indicó que, de acuerdo con los reportes de la comunidad, la acción violenta se habría registrado entre los corregimientos de Filo El Gringo y Orú, en la vía que conecta los municipios de Tibú y El Tarra, un territorio que permanece confinado desde el pasado 15 de diciembre debido a enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Mayorga advirtió que este nuevo hecho se suma a una crisis humanitaria que ya completa cerca de 11 meses sin una respuesta estructural por parte del Estado. “Lamentablemente han transcurrido 11 meses de la crisis humanitaria del Catatumbo y aún no hay una respuesta del Gobierno Nacional. Esto se ha convertido en visitas y anuncios del presidente Gustavo Petro, pero no hay una respuesta oportuna. Siguen los homicidios, los desplazamientos y las familias confinadas”, sostuvo.


La situación en el territorio continúa deteriorándose. En las últimas horas, al menos 11 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la zona rural de Tibú y desplazarse hacia Cúcuta, la capital del departamento, en busca de atención humanitaria y garantías de seguridad. Estas familias se suman a cientos de personas que, durante los últimos meses, han salido de sus comunidades por temor a quedar atrapadas en medio de los combates.

Desde la Defensoría del Pueblo se reiteró la preocupación por el impacto que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales están teniendo sobre la población civil. La entidad advirtió que los ceses al fuego anunciados tanto por el ELN como por las disidencias del Frente 33 resultan insuficientes, ya que no contemplan la suspensión de las hostilidades entre estos grupos.

“Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego son muy limitados. Un factor de riesgo serio y real para la población no son solo las hostilidades entre la Fuerza Pública y los grupos armados, sino especialmente los enfrentamientos entre las organizaciones ilegales”, señaló la Defensoría.

Mientras tanto, las comunidades del Catatumbo continúan a la espera de medidas efectivas que garanticen su protección, el acceso a ayuda humanitaria y el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad, en una de las regiones más afectadas históricamente por el conflicto armado en Colombia.


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