Edwin Besaile, gobernador de Córdoba.
Edwin Besaile, gobernador de Córdoba.
Colprensa
21 Ene 2019 02:56 PM

Procuraduría notificó al Gobierno sobre la destitución de Edwin Besaile

El Ministerio Público además dio vía libre para el tramite de nombramiento de gobernador Ad hoc en Córdoba.
Johana Rodríguez
Johana
Rodríguez
@joharodri4

La Procuraduría notificó al presidente Iván Duque y a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre el fallo que destituyó e inhabilitó por el término de diez años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por las irregularidades en los contratos para terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad.

El aviso se hizo luego de que el abogado de Besaile se notificará de la decisión a primera hora de este lunes, debido a que el Ministerio Público no había podido comunicar al mandatario departamental sobre el fallo que dejó en firme su destitución.

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En la comunicación dirigida al Gobierno, también se avisa sobre la destitución por el mismo periodo de tiempo del exgobernador Alejandro Lyons y a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán.

Según un comunicado del Ministerio Público, el proceso de notificación inició desde el pasado martes en las horas de la tarde.

“Se recibió en la secretaría el poder otorgado por el disciplinado Besaile Fayad a un nuevo abogado, se remitieron a los correos electrónicos de los sujetos procesales los oficios correspondientes y se reconoció personería jurídica al nuevo defensor”, explicó la entidad.

Además señaló que se notificó personalmente al exsecretario Pareja Alemán, quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota.

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La decisión de la Procuraduría tiene que ver con las irregularidades en el manejo de los dineros y los contratos para las terapias de niños en condición de discapacidad.

El Ministerio Público confirmó que los exmandatarios Besaile y Lyons, no vigilaron los actos de sus secretarios de Salud, permitiendo que se ordenara el pago de terapias de rehabilitación a menores de edad sin un contrato entre la Gobernación y la IPS Funtierra Rehabilitación.

La Procuraduría estableció que esos pagos ascendieron a más de $4.988 millones, y confirmó las irregularidades y los malos manejos de los recursos destinados.

Fuente
Sistema Integrado de Información