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La Corte Suprema de Justicia no sólo revisa la petición de la defensa del expresidente y exsenador Álvaro Uribe para que el proceso en su contra, por presunta manipulación de testigos, pase a la Fiscalía, sino que también analiza con lupa la petición de las víctimas en ese caso.
Se trata de la solicitud que entregó la defensa del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima, la cual asegura que el proceso debe quedarse en la Sala de Instrucción del alto tribunal.
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En la petición se exponen por lo menos seis puntos en los que se explica que el exsenador Uribe habría usado su fuero de congresista para supuestamente manipular testigos a su favor, y que la investigación está íntimamente ligada a su función congresional.
La solicitud dice que los inicios del proceso se desprenden de un debate de control político en el Congreso, desarrollado en el 2014 por el senador Cepeda, sobre el paramilitarismo, en el cual ,"él (Uribe) intervino en forma extensa anunciando que iría, en ese mismo momento, a presentar pruebas en mi contra (Cepeda) ante la Corte Suprema de Justicia”.
Además, dice que Uribe habría aprovechado su condición de jefe de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para encomendar otras tareas a sus funcionarios.
“Habría impartido instrucciones a algunos integrantes de ese equipo para que, junto al señor Diego Cadena, contactaran en cárceles del país y del exterior, a exparamilitares cuyos falsos testimonios fueron presentados ante la Corte”, dice.
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Entre ellos están Fabián Rojas y María Claudia 'Caya' Daza, quienes fueron nombrados en el proceso de presunta manipulación de testigos
“Las órdenes impartidas a esos colaboradores las dio Uribe, en su condición de Senador de la República, con ocasión del cargo y en ejercicio del mismo”, puntualiza la petición de Cepeda.
Finalmente, asegura que “Álvaro Uribe utilizó sesiones parlamentarias, tanto de la plenaria como de la Comisión Segunda Constitucional del Senado, como escenario de controversia de diversos aspectos del proceso judicial”.
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