Proceso contra los dueños de los Supercundi pasa a la JEP

Los hermanos Mora Urrea son acusados de ser presuntos testaferros de las Farc.
Supermercados Supercundi
Supermercados Supercundi. Crédito: RCN Radio

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la investigación que se adelanta contra los hermanos Mora Urrea, dueños de los supermercados Supercundi y Merkandrea, señalados de ser presuntos testaferros de la guerrilla de las Farc.

Según los magistrados del Tribunal será la propia JEP la que deberá definir si asume o no la competencia de este caso, debido a que no tiene injerencia legal sobre esa jurisdicción especial.

De acuerdo con la defensa de los hermanos Luis Alirio, Uriel, Norberto y Edna Yaneth Mora Urrea los cargos sindicados por la Fiscalía son hechos que se relacionan con el conflicto armado.

El abogado Alejandro Carranza dejó en claro que esta postulación a la JEP no implica que los hermanos Mora Urrea vayan a declararse culpables o aceptar alguna responsabilidad en relación con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que les imputó la Fiscalía.

El jurista explicó que el ente investigador no indagó el secuestro del que fue víctima Luis Alirio Mora Urrea en 1999 por parte del Frente 22 de las Farc, reseñando que en 2010 toda la familia fue nuevamente extorsionada por esa guerrilla.

“Lo qué pasa es que Luis Alirio Mora y su familia fueron víctimas de la antigua guerrilla y ha existido impunidad y falta de actuación de la Fiscalía”, dijo Carranza.

La Fiscalía sindicó en su momento a los hermanos Mora Urrea de poner a nombre propio fincas, casas, vehículos y negocios que presuntamente pertenecían al jefe del bloque oriental liderado por alias 'Romaña', e incluso con el visto bueno de alias 'Mono Jojoy', propiedades que habrían sido adquiridas gracias al narcotráfico y las extorsiones por secuestro.

Es de señalar que en la actualidad los hermanos Mora Urrea enfrentan el proceso en libertad, en atención a que en dos ocasiones jueces de Bogotá determinaron que no existían suficientes pruebas para dictar medida de aseguramiento en su contra.


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