La FM en Google News
Es la tercera vez que Procuraduría sanciona con destitución e inhabilidad al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por irregularidades en contratación que involucran tratamientos médicos. Esta vez lo destituyó e inhabilitó por el término de 13 años por el denominado cartel de la hemofilia.
La decisión del Ministerio Público se conoce después de que Lyons reconociera que recibió $4.000 millones para mantener a un contratista como prestador del servicio de salud a supuestas personas con la enfermedad, y a cambio de dicho contrato Lyons se quedaba con el 50%.
Le interesa: Alejandro Lyons no tendrá que reparar a víctimas
La Procuraduría reprochó que la prestación del servicio era pagado por la Gobernación de Córdoba en los recobros de los medicamentos no POS de las vigencias 2013 – 2015, lo que habría permitido a Lyons incrementar injustificadamente su patrimonio.
La Procuraduría señaló que en el 2015 se firmaron una serie de contratos para atender a pacientes con hemofilia. Sin embargo, estos pacientes nunca existieron y el dinero llegó a los bolsillos de funcionarios de la gobernación y para financiar campañas políticas. Se estima que se presentó un desfalco de 2000 millones de pesos al departamento de Córdoba.
Le puede interesar: Leonardo Pinilla y el caso por el que fue capturado apenas pisó suelo colombiano
En otro fallo disciplinario, Lyons también fue destituido e inhabilitado por el término de 10 años, al describir irregularidades en los pagos para la prestación de servicios terapéuticos a población con síndrome de down.
Dicha irregularidad se basó en la autorización irregular del pago a la IPS Girasoles SAS, “mediante Resolución n.° 000766-2015”, para que estuviera a cargo de dichos servicios terapéuticos contenidos en el paquete integral de neurorrehabilitación que nunca se realizaron.
Lea también: Listo el convenio que garantiza la descontaminación del río Bogotá
En el 2018, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por el término de 15 años al encontrarlo responsable de las irregularidades presentadas con contratos de ciencia y tecnología.
Según el Ministerio Público, las irregularidades se presentaron en la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de $85.700 millones de pesos.
