La FM en Google News
El auto de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, que suspendió -al menos en el papel- la realización de la protesta social del 28 de abril y del 1 de mayo de este año, sigue dando de qué hablar y teniendo consecuencias jurídicas para los implicados.
Por cuenta de este auto, la Fiscalía Segunda Seccional de Manizales abrió una indagación preliminar al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, por el delito de fraude a resolución judicial relacionado con el presunto no acatamiento del auto que suspendía la celebración de las protestas hasta que se alcanzara la inmunidad de rebaño. Así consta en un derecho de petición elevado por un agente del CTI al despacho de la magistrada. Sin embargo la Alcaldía advierte que no ha sido notificada del tema.
Al despacho de la magistrada Villamizar también llegó una denuncia que pide investigar penalmente al alcalde de Manizales por los delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial, radicada por el columnista Jorge Pava Quiceno, en la que se advierte que el alcalde Marín, del Partido Verde, "se unió a la manifestación pública que se desarrollaba en la avenida Santander (...) más exactamente en la carrera 23 entre calles 66 y 63 (...) arengando y gesticulando, junto con ellos, entre otras, la frase de ”Viva el paro nacional…”, manifestaciones masivas que se encontraban prohibidas".
Según el denunciante, el alcalde incurrió en fraude a resolución judicial pues dice que "no existen evidencias del cumplimiento" de las órdenes del Tribunal. Lo mismo ocurrió con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien fue denunciado por el señor Edson López Castellanos. el presunto desacato de las órdenes del Tribunal, con lo que se persigue que le impongan una multa y días de arresto.
"Obsérvese que de la conducta desplegada por el señor Burgomaestre de la ciudad de Bucaramanga, Señor Juan Carlos Cárdenas Rey en todo momento se infiere su apoyo a la movilización pese a que la orden judicial proferida por este Despacho es clara en el sentido de restringir las movilizaciones ciudadanas por los efectos colaterales que el Covid-19 podría causar (y que está ocasionando) en el colapso del sistema sanitario de las diferentes ciudades", dice la queja.
Presidencia de la República controvirtió el auto de la magistrada
Cuando fue publicada la decisión de la magistrada Villamizar, en el documento se fueron errores de fechas y de ciertos nombres. Pero para la Presidencia de la República hubo otro error pues para ellos no es posible que el Tribunal pueda abrirle un "incidente de cumplimiento o desacato" sin que los accionantes lo hayan solicitado. El incidente estaba relacionado con la elaboración de un protocolo para garantizar el derecho a la protesta.
La Presidencia advirtió que el Tribunal "no es competente para conocer y decidir el incidente de desacato propuesto de manera oficiosa y sin que medie petición de los acciones, ni para profesor dentro de él providencia alguna, en atención a que se está desconociendo abiertamente el fuero constitucional que le asiste al señor presidente de la República y que impide a cualquier juez ordinario o Constitucional ejercer facultad para investigarlo o sancionarlo por delitos, causas disciplinarias o sancionatorias".
Pese a que los accionantes Valentina Arboleda y Diego Huérfano radicaron otro recurso para que la magistrada reverse su polémica decisión de ordenar la suspensión de la protesta social, y que otros abogados han solicitado lo mismo, el auto y las órdenes continúan vigentes.
